En el marco de las conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Gobierno nacional reactivó las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, y de otros miembros del grupo armado ilegal.
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Los otros cobijados con esta medida son Orozman Orlando Osten Blanco, Elkin Casarrubia Posada y Luis Armando Pérez Castañeda.
La resolución de diciembre de 2025 aceptaba el listado inicial de integrantes del Clan del Golfo que se desplazarían hacia Zonas de Ubicación Temporal, por lo que era necesario frenar las órdenes de captura. Sin embargo, esta quedó sin efecto luego de que el proceso previsto para iniciar el 1 de marzo de 2026 no se materializara.
Según el documento emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la medida se adoptó debido a que no comenzó el traslado progresivo de los combatientes del EGC hacia las zonas definidas por el Gobierno, lo que dejó sin sustento el acto administrativo que había avalado el listado inicial de integrantes de ese grupo armado.
El proceso hacía parte de los compromisos adquiridos entre delegados del Gobierno y el EGC en el documento denominado “Compromisos de Paz en Doha”, firmado el 5 de diciembre de 2025 en la capital de Qatar, en el que se acordó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en zonas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba.
Estas áreas habían sido establecidas previamente por el presidente Gustavo Petro mediante la otra resolución, con el objetivo de facilitar la ubicación gradual de combatientes del grupo armado y garantizar condiciones de seguridad jurídica y humana durante el proceso.
No obstante, la resolución señala que, llegada la fecha prevista para el inicio del traslado, este no se puso en marcha, por lo que el alto comisionado determinó revocar el acto administrativo que había aceptado el listado inicial de integrantes del grupo.
El documento también ordena comunicar la decisión a entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, que hace parte del mecanismo de seguimiento, monitoreo y verificación de las zonas de ubicación temporal.
