Todo está listo en Colombia para las elecciones de este domingo 8 de marzo. A pesar de las dudas que ha sembrado el presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral nacional, los órganos de control y entidades correspondientes han asegurado que el proceso está blindado para darles garantías a los ciudadanos que acudirán a las urnas para elegir, por un lado, a los futuros congresistas, y, por el otro, a los candidatos que seguirán en camino en medio de su aspiración a llegar a la Casa de Nariño.
De acuerdo con la Registraduría, un total de 3.081 candidatos aspiran a obtener una curul en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes, durante las elecciones legislativas. De estos, 1.071 son candidatos al Senado de la República y 2.010 a la Cámara de Representantes.
Al Senado de la República, los 1.071 candidatos componen 26 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.048 candidatos, y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 23 aspirantes.
A la Cámara de Representantes son un total de 2.010 candidatos en 491 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 298 listas integradas por 1.588 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 21 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 16 listas formadas por 40 candidatos; y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), 121 listas integradas por 237 candidatos.
Para esta labor, un total de 862.392 personas prestarán su servicio como jurados de votación. De los jurados de votación designados para esta jornada democrática, 331.005 corresponden a empleados de empresas privadas, 277.620 a estudiantes, 129.417 a funcionarios públicos, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de las organizaciones políticas.
Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que más de 800 mil personas fueron postuladas “por las organizaciones políticas” como testigos electorales.
De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, los testigos electorales “vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades”.
“Son miles de funcionarios y cientos de técnicos que por meses han trabajado para entregarle al país un proceso electoral transparente y con todas las garantías”, afirmó el registrador Hernán Penagos.
Por otro lado, más de 400 delegados de 23 países participarán como observadores en las elecciones. La Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, instaló la misión de observación electoral, de la que dijo: “Su presencia reafirma la confianza internacional en la transparencia, las garantías y la institucionalidad del sistema electoral colombiano”.
Los observadores hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Transparencia Electoral y el Centro de Comunicación y Difusión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), entre otros organismos.
El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la presencia de las misiones internacionales de observación electoral es clave para el fortalecimiento de la democracia porque su trabajo “permite verificar el desarrollo del proceso electoral y evidenciar la realidad democrática de Colombia”.
Penagos se refirió también a las garantías del sistema electoral colombiano, cuya transparencia ha sido puesta en tela de juicio por el presidente Gustavo Petro con denuncias sobre un supuesto fraude, basado en fallas ocurridas en el preconteo de las elecciones de los últimos años que fueron subsanadas en el escrutinio definitivo.
“Este software y este proceso electoral son los mismos que han elegido a los gobernantes de las últimas décadas, incluyendo el actual”, manifestó Penagos, quien dijo que la Registraduría acepta y explica cualquier inquietud sobre la seguridad del sistema, incluso referente a comicios de años pasados.
“Se cometen errores, muchos. Se van a cometer errores, cientos, pero no delitos. Nunca”, agregó.
Tranquilidad
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que tiene la sensación de que la jornada electoral del próximo 8 de marzo se desarrollará con normalidad y sin irregularidades que pongan en riesgo los resultados.
Durante su intervención ante el Congreso Nacional de Contralores Regionales, realizado en Armenia, el jefe del Ministerio Público afirmó que hasta el momento no se han detectado fallas en los sistemas tecnológicos utilizados para el conteo y escrutinio de los votos.
Según explicó, la revisión de la estructura informática, incluidos algoritmos y software utilizados en el proceso electoral por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha arrojado resultados positivos.
“No ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas que pongan en riesgo las elecciones”, señaló.
Eljach destacó además que, por primera vez, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Registraduría trabajan de manera articulada para garantizar la transparencia del proceso electoral y defender las instituciones democráticas.
En ese sentido, aseguró que el objetivo es que los colombianos puedan acudir a las urnas con tranquilidad y confianza en que su voto será respetado.
“Estamos unidos ante Colombia para garantizar un modelo de ejercicio de la función pública que defienda las instituciones y asegure que se respete la voluntad popular”, afirmó.
Finalmente, Eljach reiteró que, hasta ahora, no existen pruebas de que se esté fraguando algún intento de alterar el proceso electoral. “Queremos que Colombia acuda con tranquilidad al evento eleccionario del 8 de marzo. Se ha cumplido con todo lo exigido y hemos estado atentos a que la parte electrónica esté en regla y no se tuerza la voluntad popular”, concluyó.
Riesgo electoral
El mayor riesgo se concentra en zonas como el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, donde hay disputas entre el ELN y disidencias de las antiguas Farc, choques que han causado una crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de cerca de 100.000 personas en el último año.
En el sur del país, especialmente en Putumayo y Caquetá, hay enfrentamientos entre disidencias y los llamados Comandos de la Frontera por rutas del narcotráfico y enclaves cocaleros. Mientras que en el Caribe y el noroeste, el pulso es entre el Clan del Golfo y el ELN.
En este escenario de guerras regionales superpuestas pueden presentarse restricciones a campañas, prohibiciones de ingreso a candidatos o presiones a comunidades para orientar el voto, así como sabotajes puntuales a puestos de votación bajo apariencia de disturbios civiles.
Para Luis Fernando Trejos, investigador del conflicto, la política de paz total del presidente Petro está en el centro del debate porque las negociaciones iniciales “facilitaron la expansión territorial de algunos grupos, que dejaron de confrontar a la fuerza pública, pero intensificaron disputas entre sí, lo que derivó en más desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de menores”.
Frente a este panorama, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que unos 185 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia entre violencia e indicios de fraude, lo que amenaza al 11,02 % del censo electoral, sin incluir a Bogotá.
El coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, Diego Alejandro Rubiano, atribuyó ese aumento al repunte de acciones armadas desde 2024 y a la persistencia de economías ilegales.
En términos comparativos, la MOE considera que el nivel de riesgo es similar al de 2018, aunque con mayor concentración en la categoría extrema. Pero pese al aumento sostenido desde 2024, indica que Colombia mantiene “una institucionalidad capaz de organizar elecciones en medio del conflicto”.
Ante esta situación, el Gobierno asegura que brindará todas las garantías de seguridad y durante la jornada electoral del 8 de marzo serán desplegados 246.000 integrantes de la fuerza pública para cubrir 13.493 puestos de votación y más de 125.000 mesas, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
Además, cerca de 500 aspirantes al Congreso cuentan con esquemas de protección y casi 50.000 uniformados han acompañado más de 3.700 actos de campaña.
El Gobierno también ofreció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o judicializar delitos electorales como la compra de votos, una costumbre arraigada en el país
