La Defensoría del Pueblo presentó este miércoles los resultados del análisis preventivo adelantado por su Observatorio de Conflictividad Social y entre las conclusiones se advierten posibles escenarios de conflictividad social durante la jornada electoral del próximo 8 marzo y en la etapa poselectoral.
Entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2026, el observatorio identificó 35 eventos en Bogotá y 21 municipios de 12 departamentos del país: Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Explicó que los hechos registrados en dichos departamentos han estado asociados principalmente a acciones contra la oposición política (34 %), a situaciones que evidencian la polarización política con tensiones sociales entre quienes tienen posturas políticas diferentes (23 %), a inscripciones de listas de candidatos (17 %), a situaciones que restringen el derecho a elegir y ser elegido (14 %), entre otros temas con una menor proporción.
En cuanto a las formas de manifestación, la mayoría de los eventos se desarrollaron mediante plantones y concentraciones (46 %), afectaciones a vallas electorales (14 %), disturbios o acciones violentas en manifestaciones públicas (11 %), afectaciones a sedes de campaña (9 %), marchas y movilizaciones (6 %), sabotajes en actos de campaña (6 %) y otros mecanismos (6 %).
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“Si bien la generalidad de las manifestaciones se ha caracterizado por su naturaleza pacífica, se destacan algunos hechos en distintos territorios que incluyeron agresiones, daños a sedes de campaña, confrontaciones violentas entre simpatizantes y denuncias de actos de intolerancia política”, señaló la Defensoría.
Agregó que estos hechos reflejan un escenario de tensión latente que, ante eventuales fallas logísticas, limitaciones en el acceso al voto, decisiones operativas percibidas como restrictivas o controversias durante el escrutinio y la divulgación de resultados, podría derivar en escalamiento de la conflictividad social.
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Además, indicó que el monitoreo permitió identificar factores que pueden generar conflictos de índole electoral en los comicios del próximo 8 de marzo.
“Entre ellos se destacan: pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias y decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, nuevas demandas que cuestionen la contabilización de votos en determinadas circunscripciones electorales, tensiones durante actividades proselitistas en distintos territorios, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o manifestaciones pacíficas en fechas cercanas a las elecciones”, detalló.
Ante estos posibles escenarios, la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional fortalecer las acciones de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral.
Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos, a las candidaturas y a la ciudadanía para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral sea tramitada exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un marco de respeto por la diferencia política y la convivencia democrática.
Igualmente, recomendó incorporar un enfoque de género en las medidas de prevención para evitar que la violencia política basada en género profundice la conflictividad electoral.
