Con el fin de atender las afectaciones y a los damnificados que dejó el inesperado frente frío que golpeó al país, el Gobierno nacional expidió cinco decretos para enfrentar la crisis por la que atraviesan por lo menos ocho departamentos del país.
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Se trata de los decretos 0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026. El primero de ellos contempla un impuesto temporal al patrimonio que aplicará a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000) al 1 de marzo.
La tarifa general será del 0,5 %, pero para entidades bancarias, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector de hidrocarburos sube al 1,6 %. El Ministerio de Hacienda ha dicho que lo que se recoja será destinado a la emergencia.
Por su parte, con el 0174 se agiliza la compra de tierras ya que se declaran de utilidad pública los predios que el Estado considere necesarios para reubicar campesinos y recuperar la producción también afectada por las inundaciones.
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Con la norma se agilizan trámites, por lo que la Agencia Nacional de Tierras podrá hacer compra, registro y adjudicación en una sola gestión. También podrá hacer uso de bienes que hayan sido sometidos a extinción de dominio que pertenecieron a grupos al margen de la ley.
A su vez, el Decreto 0175 facilita la contratación directa sin necesidad de licitación pública y volándose la Ley de Garantías que ya está en vigencia debido a las elecciones que ya se acercan. El Estado podrá llevar a cabo todas estas excepcionalidades siempre y cuando todo vaya en pro de la atención de la crisis climática.
Los estudiantes también fueron contemplados en estas normas recientemente expedidas, más exactamente en el 0176 que no deja en pausa el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para más de un millón de beneficiarios que podrán seguir recibiendo sus raciones de comida en casa si las clases se ven suspendidas.
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Por último, el Ministerio de Hacienda dejó en firme el Decreto 0177 con el que se pretende gestionar recursos para la recuperación ambiental estableciendo un aporte adicional del 2 % a generadoras eléctricas. Además, ordena ajustes obligatorios en la operación de represas.
