Este miércoles 11 de febrero se oficializó el decreto de emergencia económica mediante el cual la administración de Gustavo Petro busca atender la grave situación causada por la emergencia climática en el norte de Colombia, con especial atención a los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Bolívar, Antioquia, Chocó y La Guajira.
Aunque Córdoba es la región donde los efectos se han hecho más visibles, el Gobierno también reportó daños significativos en otras zonas del Caribe y el norte del país, motivo por el cual decidió ampliar el estado de excepción a territorios adicionales con presencia de damnificados.
Asimismo, el Ejecutivo respalda la medida con diversas cifras que reflejan la magnitud de la contingencia, cumpliendo con los criterios establecidos en la Constitución para declarar este tipo de situaciones excepcionales.
Entre los indicadores más preocupantes están los niveles de lluvia, que superaron lo esperado para los primeros meses del año. En la región hidrográfica del Caribe, los registros históricos de enero y febrero son de 77 mm y 91 mm, respectivamente, pero en esta temporada las precipitaciones aumentaron un 289 %. Durante los primeros días de febrero, se registró la misma cantidad de lluvia que se esperaba para todo el mes.
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Por su parte, en el Magdalena-Cauca, el incremento fue del 265 %. Se proyectaban 68 mm en enero y 99 mm en febrero, pero solo en enero se alcanzaron 180,01 mm. A esto se suma que a comienzos de febrero ya se había registrado el 50 por ciento del total de lluvias esperado para los 28 días del mes.
En la región del Pacífico, las lluvias crecieron un 149 % respecto a lo previsto. En enero se reportaron 494,5 mm, superando los 332 mm estimados, mientras que en la primera semana de febrero se registraron 112,7 mm, frente a un promedio mensual esperado de 342 mm.
Este aumento ha provocado una severa crisis en los departamentos bajo el estado de excepción. Según el decreto, habría “afectaciones en 45 municipios, con 7 fallecidos, 154.350 personas y 45.794 familias damnificadas, 11.175 hectáreas impactadas, 9.534 viviendas averiadas, 4.290 viviendas destruidas y cerca de 140 vías, 15 puentes peatonales, 21 puentes vehiculares, 26 acueductos, 4 alcantarillados, 49 centros educativos, 8 centros de salud, 12 centros comunitarios, 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía, 50 animales silvestres”.
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Impacto económico y social
El decreto también señala que las empresas comercializadoras de energía podrían enfrentar dificultades, ya que la zona afectada concentra el 40,77 % de la demanda nacional. Esto afectaría a 18 compañías, equivalentes al 39,13 % de los proveedores de energía del país.
Asimismo, se contempla la posibilidad de reubicaciones debido a que al menos 1.266 hectáreas presentan “la construcción de obras antrópicas ilegales ha obstruido el flujo hídrico hacia el río Sinú”.
En cuanto a ayudas alimentarias, inicialmente se proyectó la entrega de 11.000 canastas de mercados del programa ‘Hambre cero’, pero los damnificados “superan ampliamente dicha cifra”, lo que obligará a destinar más recursos para atender las nuevas necesidades. Normalmente, el Departamento de Prosperidad Social atiende 277.311 hogares, pero la emergencia climática desbordó esa cobertura.
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Finalmente, el decreto establece que “una población proyectada a atender en el marco de la emergencia de 155.488 hogares en Antioquia, 187.529 en Chocó, 90.030 en Córdoba, 132.254 en La Guajira, 172.296 en Magdalena y 103.191 en Sucre” debe ser cubierta mediante los programas sociales del Gobierno.
