La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exjefes de las extintas FARC por su responsabilidad en secuestros y otros delitos cometidos durante el conflicto armado, informó este lunes el alto tribunal.
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La decisión marca el cierre de la investigación del macrocaso 01, que aborda la política de secuestros de esa guerrilla, y deja, “por primera vez, una radiografía judicial completa de los secuestros de las extintas FARC”.
Ese trabajo, explicó la JEP en un comunicado, permitió saber “quiénes fueron los máximos responsables, cómo se ejecutaron las políticas de secuestro en cada región y el daño diferenciado causado a las víctimas, las comunidades y los territorios”.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad atribuyó estos crímenes a 15 antiguos integrantes del Bloque Oriental y a siete del Bloque Sur, a quienes señala como máximos responsables regionales de la ejecución de la política de secuestros en amplias zonas del país.
Los imputados del Bloque Oriental son Wilmar Antonio Marín, Bernardo Mosquera, Nelson Quintero, Marco Fidel Suárez, Holmes Puentes, Marcos Alvis, Germán José Gómez, José Ricaurte Valencia, Luis Ernesto Garzón, Elmer Caviedes, Rodolfo Restrepo, Bertulfo Caicedo, Julián Saavedra, Jaime Aguilar y Gerardo Antonio Aguilar.
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Por su parte, los acusados del Bloque Sur son Fabián Ramírez, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz, Luis Enrique Montes, Ángel Alberto García, Ezequiel Hueguía Cruz y William Tovar Ríos.
De acuerdo con la JEP, los imputados deberán responder no solo por la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad, sino también por otros crímenes perpetrados en medio del cautiverio como homicidio, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual, esclavitud y desplazamiento forzado.
La investigación concluyó que los “cientos de secuestros documentados” respondieron a tres patrones criminales: financiar a las FARC, forzar intercambios por guerrilleros presos y ejercer control social y territorial.
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El cierre de la investigación, con la que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, se produce tras un proceso en el que 4.439 víctimas fueron acreditadas ante la JEP y centenares participaron en audiencias para relatar los daños sufridos durante años de cautiverio.
En total, la JEP ha identificado a 63 máximos responsables de la política de secuestro de las FARC.
Siete de ellos, integrantes de la cúpula de la antigua guerrilla, ya fueron condenados en septiembre pasado a ocho años de sanciones propias de la justicia restaurativa, mientras que otros 34 exmandos regionales habían sido imputados previamente.
Ahora, los 22 exjefes imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla.
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Si aceptan los hechos y aportan verdad plena, el caso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de libertad.
Si no lo hacen, el proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
