La suspensión provisional por parte de la Corte Constitucional de la emergencia económica dictada por el presidente Gustavo Petro tendrá implicaciones económicas, políticas y jurídicas, pues el Gobierno ha anunciado nuevas reformas tributarias y leyes de financiamiento para tratar de recuperar los $11 billones para el deficitario presupuesto de 2026. Lea también: Ministerio de Minas y Energía descarta la posibilidad de un apagón en el Caribe El jefe de Estado vinculó este asunto con la campaña por la polémica constituyente que ya empieza su recolección de firmas y en el alto tribunal por primera vez se dictó una medida cautelar sobre la declaratoria de un estado de excepción, que supone una nueva jurisprudencia que, se prevé, será recusada por el Ejecutivo para intentar terminar de recaudar los impuestos que quedaron en $800 mil millones en las complejas arcas estatales. Gracias a que, a mediados de enero, los gobernadores se declararon en desobediencia frente al alza del 5 % al 19 % del IVA para licores y cigarrillos, los tributos pagados al amparo de la emergencia –desde el 1 de enero– no superaron el billón. Estaba además previsto que para este 2 de febrero entrara en vigencia la contribución parafiscal del 2,5 % a generadores para enfrentar la crisis energética en parte por el no pago de subsidios a las distribuidoras y la situación financiera de la intervenida Air-e. Este tema, según el viceministro Técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, pondrá en riesgo la energía para 5 millones de habitantes del Caribe. Pero a pesar de la suspensión dictada, no se sabe si estos dineros recaudados serán devueltos por el Gobierno porque históricamente se ha establecido que los fallos de la Corte tienen efectos hacia el futuro y la tradición jurídica protege la estabilidad de las finanzas públicas. Así mismo, sería muy difícil, para efectos de la devolución, identificar a todos los ciudadanos que compraron licores o cigarrillos durante el lapso de la emergencia, por ejemplo. Y es que para 2026, el país fijó una meta de ingresos tributarios de $305 billones, pero se adelantaron en 2025 pagos que correspondían a este año y ocasionan un faltante de $30 billones, que se suman a los $11 billones de la emergencia. Lea también: Petro pide a Noboa que establezcan un diálogo sobre la lucha contra el narcotráfico entre Colombia y Ecuador El Gobierno, además, no podría seguir emitiendo más deuda después de haber pausado la regla fiscal y el Estatuto Orgánico de Presupuesto lo que dispone es recortes en el presupuesto 2026. En este sentido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que “si llega a ser necesario, para garantizar el Presupuesto General de la Nación, tener otras fuentes de financiación a través de deuda pública, eso es justamente lo que hemos procurado evitar. (…) La manera adecuada de financiar el presupuesto público y los déficits es a través de mayores y mejores ingresos tributarios, no a través de deuda”. Agregó que “ha sido muy evidente cómo la prima de riesgo a 10 años se ha incrementado cuando se han negado las fuentes tributarias para la atención del presupuesto público. (…) Tras lo que pasó con la ley de financiamiento en diciembre se registró un aumento del riesgo país, que se revirtió parcialmente con la emergencia económica. (…) Esta decisión de la Corte Constitucional va a tener como efecto el incremento de las primas de riesgo y el mayor costo de la deuda, tanto interna como externa”. Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que a los “megarricos” hay que ponerles más gravámenes: “Solo el 1 % de la población concentra el 20 % de los ingresos anuales del país, y el 85 % de ese dinero no es gravado”. En consonancia con lo anterior, el viceministro Pazos anunció que la Casa de Nariño presentará nuevas reformas tributarias y leyes de financiamiento con el fin de completar el recaudo previsto de $11 billones, de los que solo se habrían llegado a tributar alrededor de $800 mil millones. “Hay que volver a presentar leyes de financiamiento, leyes ordinarias tributarias. Vamos a hacerlo, todo lo que podamos hacer lo hacemos. (…) El Gobierno ha agotado todas las vías ordinarias, por eso era importante esta emergencia porque ya no existe otra manera de obtener recursos corrientes, que son los tributarios”, aseveró. Lea también: Petro anunció recorte presupuestal de $16 billones tras suspensión de decreto de emergencia económica Por lo que advirtió el segundo al frente de la cartera económica que “lo que ahora existe es un recorte, el recorte de los $16,3 billones que nos dice la norma”, y que era la cantidad que se pretendía recaudar con la hundida ley de financiamiento, en la antesala de la emergencia. El Gobierno se verá forzado a priorizar gastos, expuso, lo que implica que “tiene que dejar descubiertos muchos derechos y muchas obligaciones”, lo que “pondrá una situación a nivel nacional muy angustiante”. Por lo que se prevé que el Congreso sea escenario de nuevas disputas políticas sobre estas eventuales reformas. Petro, además, aprovechó la medida cautelar sobre la emergencia para mover de nuevo la idea de la constituyente: “Mientras gobierne, cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador. Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y constituyente del pueblo. No se puede dejar perder un concepto tan básico para la justicia social como el salario vital. Es el pueblo el que ahora decide”. Precisamente, la Registraduría avaló el pasado viernes el comité promotor de la constituyente y, ahora, con este aval, se autoriza el inicio del proceso de recolección de firmas en todo el país. Lea también: Luis Carlos Reyes revela chat con el presidente Petro: hablan sobre exportación de carbón a Israel El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, uno de los impulsores de la iniciativa, celebró por medio de su cuenta de X el aval de la Organización Electoral y llamó a trabajar en el proceso de recolección de firmas: “Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”. De esta manera, los que impulsan esta iniciativa tendrán seis meses para recolectar las firmas, como lo exige la Registraduría. El comité deberá reunir el 5 % del censo electoral, que equivale aproximadamente a 2.050.000 firmas. Y actores del Gobierno han anunciado que esperan recolectar más de 8 millones de firmas. Petro arremetió contra la decisión del máximo tribunal defensor de la Carta Magna y aseguró que “cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo. Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado Social de Derecho que la misma Constitución ordena”. Al respecto, el jefe de la cartera económica recordó que “en 1994 el legislador intentó crear la suspensión provisional en estados de excepción y fue la misma Corte Constitucional la que estableció que era inconstitucional. Por lo tanto, dicha figura no existe”, anunciando que presentarán los respectivos reclamos a la Corte. Así mismo, advirtió Ávila que con la medida cautelar el alto tribunal “está colocando a todos los miembros de la Corte en condición de inhabilitarse para actuar sobre la decisión definitiva o de fondo, en la medida en que están prejuzgando”, por lo que reclamarán la no aplicabilidad de la figura usada ante la misma Corte. Lea también: Juez admite tutela contra el presidente Petro por declaraciones sobre Jesucristo “Obviamente, las decisiones que se toman en la Corte las respetamos, aunque no las compartamos, y las reclamamos también. Vamos a hacer una acción jurídica ante la misma Corte por la decisión que ha tomado, porque consideramos que adoptó una decisión en la cual no existen precedentes en la legislación colombiana”, reiteró. De otro lado, existe la duda sobre si la suspensión aplica para el decreto 044 de 2026 del “aporte solidario de energía”, por el cual se adoptan medidas para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco de la medida, cuyo estudio está en manos del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Petro. En este expediente, el exfuncionario avocó conocimiento de la revisión de constitucionalidad del decreto y notificó el inicio del proceso al Gobierno para que, si así lo estima, presente dentro de los tres días siguientes a la notificación los escritos con los argumentos que, a su juicio, respaldan la constitucionalidad de la norma examinada. Y les pidió que remitan informes técnicos y memorias y que se analicen los riesgos de afectación de la demanda de energía, invitando a participar también a gobernaciones, usuarios y academia. Luego de las pruebas, el togado tendrá a su cargo la elaboración de la ponencia, que posteriormente será sometida a votación de la Sala Plena de la Corte Constitucional.