La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien actualmente es prófugo de la justicia y se encuentra en Nicaragua bajo asilo político.
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El ente acusador asegura en el documento que las conductas atribuidas a González no cuentan con ninguna justificación legal y que tuvieron un impacto directo sobre bienes jurídicos protegidos por el Estado, por lo que la Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.
“Los comportamientos desplegados pusieron en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Se afectó de manera directa la administración pública y el orden económico y social”, añadió la Fiscalía.
Según el escrito, González habría participado en una serie de actuaciones irregulares que involucraron el manejo indebido de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de su cargo.
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El ente acusador aseguró que estas conductas se habrían desarrollado aprovechando su posición dentro del Estado, lo que agravaría su responsabilidad penal, asimismo lo acusó de “defraudar las expectativas depositadas por la sociedad” al haber desempeñado uno de los cargos más importantes del país, por ser, en su momento, considerado la mano derecha del presidente.
“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal… Las pruebas recaudadas permiten inferir la responsabilidad penal del acusado. Los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas”, se lee en el documento.
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La audiencia de acusación quedó fijada para el próximo 29 de enero, a las 8:00 de la mañana, y se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Ese día, el alto tribunal escuchará formalmente los cargos y definirá el rumbo del proceso judicial.
