El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó este viernes, a través de su representante especial para Colombia, que se han logrado “avances” en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre Bogotá y la antigua guerrilla de las FARC-EP, si bien advirtió de los “persistentes desafíos” en materia de seguridad, reintegración de excombatientes y presencia del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto.
El representante especial de Guterres para Colombia, Miroslav Jenča, afirmó este viernes -en su primera intervención ante el Consejo de Seguridad desde que asumió el cargo el pasado octubre- que la Misión de Verificación de la ONU ha reorganizado su trabajo según el último mandato aprobado el año pasado y que centra ahora su labor en la reintegración de excombatientes y la seguridad tanto de estos como de las comunidades en zonas afectadas por la violencia.
El diplomático informó de que la misión afronta 2026 con “cerca de 200 efectivos menos y un recorte presupuestario de casi 15 millones de dólares”, pero que aún mantiene una “presencia esencial” sobre el terreno.
“Es clave contar con el apoyo continuo de los Estados miembros para cumplir plenamente el mandato”, señaló.
Jenča destacó la resiliencia de las comunidades que ha visitado en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca o Norte de Santander, donde persisten “graves dificultades por la acción de grupos armados ilegales, la debilidad institucional y la falta de servicios básicos”.
En ese contexto, resaltó la confianza expresada por las autoridades locales, líderes sociales y comunidades indígenas y afrocolombianas en el papel de la Misión.
Sobre la reintegración, recordó que más de 11.000 excombatientes siguen vinculados a los programas oficiales, un proceso que calificó de “inversión necesaria para la paz”, aunque “aún frágil”.
Asimismo, alertó de que 487 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo, una cifra que calificó de “inaceptable”, e instó a “reforzar las investigaciones y las garantías de seguridad”.
La violencia persiste en zonas fronterizas
El representante también expresó preocupación por “la persistencia de la violencia en zonas fronterizas y el aumento del reclutamiento de menores”, así como por “desplazamientos forzados”, especialmente en regiones como el Catatumbo.
El pasado martes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ya advirtió sobre el deterioro de la situación humanitaria en esa región, donde la violencia asociada a la confrontación entre grupos armados causó en 2025 al menos 166 muertos, incluidos diez niños, y afectó a líderes sociales, la fuerza pública y el sistema educativo.
La Oficina de la ONU en el país sostiene además que el Estado colombiano no ha dado una respuesta “adecuada ni suficientemente articulada” a la crisis y ha urgido a fortalecer la protección de los derechos.
Por otra parte, Jenča subrayó que el Acuerdo de Paz ofrece un marco integral para abordar estos problemas, en particular a través de la reforma rural, la lucha contra las economías ilícitas y el fortalecimiento de la presencia estatal.
También reconoció avances como la entrega de casi 300.000 hectáreas de tierra, aunque pidió “acelerar el ritmo para cumplir los objetivos pactados”.
De cara al décimo aniversario del acuerdo y al próximo ciclo electoral, llamó a “intensificar los esfuerzos para su plena implementación y a garantizar un entorno seguro para candidatos y votantes en todo el país”.
