La cuenta regresiva ya empezó para el fin para la declaratoria de emergencia económica que el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha en diciembre. Este 22 de enero se cumple el primer mes de vigencia de la medida, lo que abre la puerta a una posible decisión oficial sobre su continuidad o levantamiento.
Desde el Ministerio de Hacienda se evalúa la opción de extender el estado excepcional. La cartera considera que mantenerlo permitiría asegurar el flujo de recursos necesarios para atender compromisos fiscales y planes de inversión en curso.
“Ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario, previamente, hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica que tenemos hasta 90 días para poderla alargar”, explicó el ministro Germán Ávila.
“Estamos evaluando la posibilidad de adoptar otras medidas que nos permitan cubrir ese faltante de recursos,ya que aquello que no se logre garantizar mediante nuevos ingresos tributarios implicaría necesariamente una reducción del presupuesto”, agregó.
Mientras tanto, la Corte Constitucional adelanta el estudio de la legalidad del decreto que dio origen a la emergencia, un trámite que podría incidir en el futuro de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Entre los cambios más relevantes incluidos en el paquete tributario está la modificación al impuesto al patrimonio. La norma redujo el umbral mínimo para empezar a tributar de 72.000 a 40.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale a un patrimonio cercano a los 2.000 millones de pesos y amplía el universo de personas obligadas a pagar este gravamen.
También se introdujeron ajustes en los impuestos al consumo de alcohol y tabaco. Bebidas como vinos y licores pasaron de una tarifa preferencial del 5 % a la tasa general del 19 % del IVA. En el caso de los cigarrillos, el valor del impuesto por cajetilla se incrementó de forma considerable, superando los 10.000 pesos por unidad, según estimaciones del sector.
A estas medidas se suman nuevos tributos de aplicación bimestral que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) comenzó a implementar. Entre ellos figuran los gravámenes sobre plásticos de un solo uso y sobre bebidas ultraprocesadas y alimentos con altos niveles de azúcar, sodio o grasas saturadas.
