Como es costumbre, el consejo de ministros del Gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en un espacio para que el presidente adopte duras posturas y tome decisiones, muchas veces de manera desenfrenada, sobre ciertos temas que impactan las finanzas, educación, salud, entre otros aspectos clave para el país.
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En esta oportunidad, el mandatario centró su intervención en la salud y las EPS intervenidas por su Gobierno, asegurando que estas, a las que calificó como un “barril sin fondo” podrían ser liquidadas ante un concepto emitido por el Consejo de Estado sobre el pago de las deudas con la UPC.
“Un fallo del Consejo de Estado de que la UPC nueva puede pagar UPC viejas. Eso acaba de descuadrar todo el sistema. Los servicios que dejó de pagar se pagarían con lo que ya no atenderán”, dijo el mandatario sobre lo emitido por el Consejo de Estado.
Como era de esperarse, su propuesta, de la que no dejó muy claro por qué la puso sobre la mesa hasta ahora, generó mucha resistencia, controversia y cuestionamientos en el sector de la salud sobre qué pasará con los afiliados de esas EPS que podrpian ser liquidadas.
El panorama es incierto
Lo primero que es importante analizar es que el Gobierno ha intervenido ocho EPS, que agrupan a cerca de 22,8 millones de colombianos. Estas son: Coosalud, con 3,3 millones de usuarios; Nueva EPS, con 11,5 millones; Famisanar, con 2,9 millones; Savia Salud y Asmet Salud, cada una con 1,6 millones; Emssanar, con 1,7 millones, y SOS EPS, con 747 mil afiliados.
Al ser un número no menor, la preocupación se centra en qué pasará con casi la mitad de los colombianos que, de ejecutarse lo dicho por el presidente Petro, se quedarían sin EPS. Por esto, expertos insisten en que los más afectados serían, sin duda, los usuarios.
Esto teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el sector no tiene la suficiente capacidad para que estos millones de afiliados sean reasignados a otras EPS, con lo que se generaría un inminente colapso y un ‘efecto dominó’.
Al respecto, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, señaló en diálogo con El Colombiano que “lo pueden hacer (intervenirlas) y, desde una mirada imparcial, lo deberían hacer, pero no tienen cómo ni tampoco EPS capaces de recibir a esa población. La situación es un monstruo que ellos crearon y ahora no saben qué hacer porque el deterioro financiero fue total”.
Sobre la viabilidad de hacerlo, el presidente Petro puede ordenar liquidarlas, bajo un concepto previo de la Supersalud, y expertos coinciden en que esa sería la opción más común cuando se está frente a un panorama crítico en materia financiera, que es lo que ocurre hoy en día con las EPS intervenidas.
No obstante, el tema va mucho más allá que el anuncio por parte del presidente Petro. Este requiere de una solución más estructural ya que debe realizarse una auditoría previa de deudas, la revisión de la EPS y, sin duda, un plan a largo plazo para garantizar la continuidad de la prestación de servicio para los usuarios de las que serían liquidadas.
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En diálogo con El Tiempo, el exsuperintendente de Salud, Conrado Gómez, aseguró que las EPS son un caso especial en Colombia ya que no hay mecanismos legales que puedan respaldar un eventual rescate: “No hay ley de quiebras, ni fondo de garantías, ni institutos de salvamento como los que existen para los bancos”, explicó, por lo que las herramientas son meramente administrativas.
Nueva EPS, el caso más difícil para el Gobierno
La crisis financiera de la Nueva EPS sería la gran piedra en el zapato que tendría el presidente Petro si decide liquidarlas. Esta entidad, que cuenta con más de 11 millones de usuarios, tiene una situación financiera “crítica”.
De hecho, esta EPS reportó este martes que tiene embargos judiciales vigentes por más de $2,1 billones, luego de la decisión de cuatro juzgados del país, lo que compromete la operación de la entidad y la prestación de servicios.
“A pesar de los reiterativos llamados desde la Entidad por proteger los recursos que garantizan la prestación de servicios de salud, cuatro Juzgados del país decidieron incrementar los embargos a Nueva EPS a una cifra que compromete su operación y por ende la atención de los más de 11 millones 700 mil afiliados”, se lee en un comunicado difundido por la entidad, que está intervenida por el Gobierno.
De entrada liquidar esta EPS sería casi insostenible para el resto del sector, pues no habría otra entidad capaz de sostener a la cuarta parte de la población del país.
Lo cierto es que gremios están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el sector, uno de los más golpeados en materia financiera y en materia política por parte del presidente y su ministro Guillermo Jaramillo.
