La Fiscalía General de la Nación reversó la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, registrado en 7 de junio del 2025, cuando el político se encontraba en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.
El ‘reversazo’ se conoció solo cuatro horas después que el ente acusador anunciara oficialmente la imputación de cargos contra el funcionario por el delito de prevaricato por omisión.
Inicialmente, un fiscal de Administración Pública de Bogotá presentó este lunes “una solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión”, señaló la Fiscalía.
Según el ente acusador, el funcionario “no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay”, del partido Centro Democrático.
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Vale recordar que antes del atentado que ocasionó la muerte de Miguel Uribe el pasado 11 de agosto del año pasado, el senador del Centro Democrático había enviado un correo electrónico a la UNP solicitando apoyo para garantizar su seguridad durante sus desplazamientos.
Según el abogado de la familia de Uribe Turbay, la UNP negó más de 23 solicitudes para reforzar el esquema de seguridad del congresista.
Por otro lado, la fiscal 295 adoptó esta decisión con el propósito de prevenir eventuales nulidades procesales y facilitar la concentración de las actuaciones investigativas en el equipo especialmente designado para el caso.
La medida se tomó tras conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, expedida por el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía mediante la cual se creó el “Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay” se lee en el comunicado.
Rodríguez, quien es director de la UNP desde que comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, es uno de los hombres más cercanos al mandatario y fue compañero suyo en la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizada en marzo de 1990.
Por el magnicidio de Uribe Turbay han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.
La Policía afirmó en diciembre pasado que su hipótesis más fuerte es que el crimen haya sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC liderada por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno que terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016.
Finalmente, en los próximos días está prevista la realización de una mesa técnica entre dicho grupo especializado y la fiscal 295 de Administración Pública, con el fin de robustecer la línea investigativa asociada a una eventual desatención de los requerimientos de protección y de fortalecimiento del esquema de seguridad del precandidato.
En este espacio también se evaluarán los “elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso”, concluye el comunicado.
