La firma de abogados Victor Mosquera Marin, que representa a la familia de Miguel Uribe Turbay, manifestó preocupación por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la solicitud de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.
“Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodriguez Ballesteros. Sin embargo, entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”, indicó en un comunicado.
La Fiscalía explicó que cambió su decisión de imputarlo porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla, por lo que esta medida busca evitar “futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado”.
Ante esto, la firma de abogados señaló que confía en la “articulación urgente, oportuna y eficaz” entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295.
“Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso. Asimismo, confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”, agregó.
Por último, dijo que espera que el ente acusador defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, “garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.
Línea de investigación
Por el magnicidio de Uribe Turbay han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad.
El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.
Días después del atentado, perpetrado el 7 de junio del año pasado, el abogado de la familia Uribe Turbay demandó a Rodríguez por presuntas negligencias, pues aseguró que habían presentado 23 solicitudes para reforzar la protección del senador, la última de ellas dos días antes del atentado, pero fueron “ignoradas”.
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La Policía afirmó en diciembre pasado que su hipótesis más fuerte es que el crimen haya sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC liderada por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno que terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016.
El senador Miguel Uribe era una de las cartas del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para las elecciones presidenciales de este año en las que la derecha buscará recuperar el poder tras el primer gobierno de izquierda del país.
Tras el asesinato de Uribe Turbay, el partido uribista espera presentar como candidata a la senadora Paloma Valencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Esas elecciones serán precedidas por las legislativas del 8 de marzo y, en caso de que sea necesaria una segunda vuelta presidencial, los colombianos volverán a las urnas el 21 de junio.
