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El Gobierno nacional expidió – a través de Departamento Administrativo de la Función Pública – el decreto que elimina la prima de servicios mensual a congresistas por $16’914.540. Lo que significaría un duro golpe al bolsillo de los senadores y representantes a la Cámara que actualmente gozan de un suelto superior a los $50 millones de pesos.

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Sobre esta medida, Función Pública indica que la remuneración a los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Ante eso, ahora los parlamentarios en Colombia tendrán un salario compuesto por su sueldo básico, fijado en $12’455.244 y gastos de representación por $22’142.662.

Es decir, que pasará de recibir cerca de 52 millones de pesos a cerca de $35 millones mensuales.

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Vale mencionar que la primera será eliminada para los congresistas que inicien su periodo el 20 de julio de 2026 tras las elecciones de marzo.

Con este nuevo decreto se deroga otro decreto que data de 2013 – expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos – en el que se establecía una prima especial de servicios para sustituir temas relacionada con servicios de salud, localización y vivienda.

“Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad”: presidente del Senado

El decreto 0030 de 2026 que deroga la prima de servicios mensual a congresistas ya está generando polémica en el Congreso.

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Días anteriores, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, había indicado que la medida hacía parte de una estrategia para reducir costos de funcionamiento del Estado, aunque el del Trabajo, Antonio Sanguino, dio un argumento con un tinte más político que económico, señalando que la decisión es “un acto de justicia social que acompaña el incremento del salario mínimo”.

Desde el Congreso hay opiniones divididas, pues hay quienes cuestionan que el presidente Gustavo Petro haya emitido esta directriz ahora y no haya cuestionado esto cuando estaba en el Congreso.

“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”, señaló Lidio García Turbay, presidente del Senado.

El congresista afirmó, además, que “este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”.

Sin embargo, no puso en duda que los parlamentarios acatarán la normativa: “Acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho. Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”.

Por el contrario, la senadora Angélica Lozano había celebrado en su momento esta iniciativa y señaló que hace parte de la necesidad de bajar los salarios de los congresistas debido a la inequidad que existe en el país.

“Es una buena noticia: 16 proyectos de ley presentamos de distintos partidos para lograr bajar el salario de los congresistas, personalmente presenté 7 desde 2015, así que celebramos. Es mejor tarde que nunca. Esta es una decisión de justicia social, de cerrar la brecha. No tiene sentido que en una sociedad, los congresistas tengamos un salario tan distinto y tan alejado del ciudadano raso que está moliendo desde temprano”, dijo en Caracol Radio.