La tercera semana del año arrancó con tutelas y solicitudes ante la justicia de distintos sectores gremiales y de juristas, así como anuncios de rebelión de los gobernadores, algunos frente a los aumentos del salario mínimo y otros por la declaratoria de emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro.
EL HERALDO consultó a exministros de Hacienda y expertos en derecho constitucional acerca de las medidas tomadas, los reparos y las implicaciones de estos procesos judiciales.
El salario vital
El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, presentó una tutela para pedir la suspensión provisional del aumento del salario mínimo del 23,7 % para el 2026, al alegar que fue decretado por el Gobierno “sin el diálogo obligatorio con empresarios y sindicatos”.
Argumentó que el aumento puede tener un impacto inmediato en el empleo y las pequeñas empresas, y solicitaba además que se suspendiera el aumento.
Así mismo, el Consejo Gremial solicitó a la Corte dejar sin efecto tanto el aumento como la emergencia. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que fue negada la medida que solicitó Linares: “Ya fracasó el primer intento de tumbar el salario vital. (...) Linares no pudo acreditar un perjuicio inmediato, concreto ni individual, ni la urgencia que exige la ley”.
La emergencia
Los gobernadores estudian los instrumentos que pueden utilizar para frenar la emergencia. La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un “riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”.
Sobre todo buscan frenar, lo más pronto posible, “lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5% al 19%”, exponiendo que “en este análisis se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad”.
Asocapitales, que agremia a las ciudades capitales, a su vez, coadyuvará el recurso.
Y el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, también pidió a la Corte Constitucional suspender la emergencia.
Reunión el lunes
El Ministerio de Justicia respondió anunciando acciones jurídicas en contra de los gobernadores: “El orden constitucional es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades”.
A su vez, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía que analicen si los gobernadores estarían incurriendo en eventuales irregularidades.
Y el Ministerio de Hacienda respondió a los gobernadores sobre el impuesto a licores que la medida “no afecta las rentas de los departamentos”, y citó a los mandatarios a una mesa de trabajo este lunes 19 de enero.
“El Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración por parte de los departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales”, indicó, añadiendo que “las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.
Marchas para el 28
Las centrales obreras y confederaciones de pensionados convocaron a manifestaciones en todo el país, el próximo miércoles 28 de enero, con el objetivo de “defender el salario mínimo vital”.
Sobre la legalidad del decreto, señalaron que “la ley establece que, ante la ausencia de acuerdo entre empresarios y trabajadores, el Gobierno está facultado para fijar el salario mínimo”.
Además, indicaron que dicho decreto “desarrolla el artículo 53 de la Constitución, que consagra el salario mínimo vital y móvil, principio sistemáticamente negado por los gobiernos al servicio de las élites, así como reiterados estudios de la OIT sobre los ingresos dignos y los salarios vitales”.
Consejo de Estado
El Consejo de Estado dio trámite a una demanda presentada contra el aumento del salario mínimo, que sostenía que su contenido desconocía principios constitucionales y administrativos fundamentales, como la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la debida motivación.
Sin embargo, el abogado Germán Eduardo Castro Marín, autor del mencionado recurso, decidió retirar la demanda de nulidad, al parecer, luego de recibir mensajes amenazantes.
Es de anotar que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también anunció que demandó el incremento del mínimo ante el Consejo de Estado.
Corte Constitucional
La Corte Constitucional avanzó en el control judicial a la emergencia. Tras la vacancia judicial, el alto tribunal realizó el reparto y designó como magistrado ponente al cordobés Carlos Camargo Assis, quien deberá pronunciarse en los próximos días sobre la procedencia de una eventual suspensión provisional de las medidas.
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés González asumió la ponencia de las medidas fiscales para financiar la emergencia.
“Emergencia inexequible”
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le dijo a EL HERALDO que considera que en la Corte hay una altísima probabilidad de que la emergencia sea declarada inexequible “porque el decreto adolece de tener la capacidad de demostrar que está relacionada con hechos sobrevinientes o excepcionales”.
Además, expuso, el efecto de la emergencia es de $11 billones, menos del 2 % del Presupuesto Nacional, “luego claramente no hay ninguna razón para justificar esa emergencia”.
También indicó el rector de la Universidad EIA que hay unos decretos “muy equivocados, como el aumento en el impuesto de licores y cigarrillos, que son desproporcionados, más del 50%, y van a inducir un mayor nivel de contrabando, lo cual va a generar que los departamentos reciban menos ingresos”.
Por eso, Restrepo enfatizó que es genuino el reclamo de los mandatarios departamentales.
“Son normales las demandas”
El constitucionalista Eduardo Palencia, director del Programa de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, explicó a EL HERALDO que en un país como Colombia, en donde existe una institucionalidad bastante consolidada, se recurre a ella para que se dirima un conflicto jurídico de este tipo, “y tomando en cuenta lo que ha sido el gobierno, frente al que hay fuertes sectores opositores e incluso polémicas, era normal que esto se presentara”.
Y alrededor de lo que plantean los gobernadores, precisó que “la excepción de inconstitucionalidad se da al aplicar una norma inferior cuando va en contravía a la Constitución, y los gobernadores están optando por dicha vía”.
“Hacemos un llamado al Gobierno para que ajuste la emergencia”
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió al Gobierno revisar la emergencia por afectaciones a los ingresos de los departamentos. Esto porque se trata de “tributos que tradicionalmente representan una fuente fundamental de ingresos para los departamentos”. “Hacemos un llamado directo al Gobierno Nacional para que ajuste esta medida, teniendo en cuenta que, del porcentaje propuesto, el 14 % pasaría a la Nación”, advirtió Verano. Y concluyó que esto “afectaría de manera grave las finanzas territoriales y, en consecuencia, la ejecución de las estrategias, programas y proyectos contemplados en los planes de desarrollo, los cuales impactan directamente la vida de la gente en las regiones”.
