La Procuraduría General de la Nación resolvió no iniciar investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de una queja presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la señaló de presuntas conductas de calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.
El reclamo del ministro se originó en pronunciamientos hechos por Marín en distintos espacios mediáticos, donde expresó reparos frente a su nombramiento en el gabinete, al recordar que sobre Benedetti pesan acusaciones relacionadas con violencia de género y señalamientos de corrupción, así como procesos judiciales que han sido de amplio conocimiento público.
Tras evaluar el contenido de dichas declaraciones, el Ministerio Público determinó que la defensora del Pueblo no incurrió en imputaciones falsas ni atentó contra el buen nombre del funcionario, sino que emitió opiniones respaldadas en hechos conocidos y dentro de los límites que protege la libertad de expresión, especialmente tratándose de una funcionaria que ejerce control y vigilancia institucional.
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La Procuraduría manifestó además que quienes ocupan cargos públicos de alto nivel, como los ministros, están sometidos a “soportar un mayor escrutinio social” y mediático, lo que amplía el margen para la crítica y el debate público.
Este pronunciamiento se suma a una decisión previa de la Fiscalía General de la Nación, que meses atrás archivó una denuncia penal interpuesta por Benedetti contra Marín por los mismos hechos.
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