La viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, reiteró que pactar el valor de una vivienda de interés social (VIS) en salarios mínimos es una práctica ilegal en Colombia. La funcionaria explicó que, aunque la ley establece topes de acceso en salarios mínimos, los precios deben determinarse siempre en pesos colombianos.
“No estamos cambiando los topes de la ley, lo que decimos es que el precio no puede fijarse en salarios mínimos, porque la ley no lo permite”, aseguró Marsiglia durante una entrevista en Mañanas Blu.
Asimismo, el pronunciamiento se produce en medio del debate sobre el aumento del salario mínimo en 23,7 %, lo que generó inquietud entre los constructores, quienes temen que el alza encarezca la vivienda VIS, la más demandada por los hogares de menores ingresos.
Además, según la viceministra, el objetivo del nuevo decreto en preparación es formalizar lo dispuesto en la Circular 2024 del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ya establece la obligatoriedad de pactar los precios en pesos. Sin embargo, la norma no se cumple de manera uniforme. “Solo uno de cada cuatro constructores está cumpliendo con la norma; en Bogotá el cumplimiento alcanza el 67%, pero en ciudades como Medellín la totalidad de los proyectos sigue pactando en salarios mínimos”.
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Diferencia entre ‘tope’ y ‘precio’
Marsiglia aclaró que existe confusión entre el concepto de ‘tope’ y el de ‘precio’. El Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 293, define la vivienda VIS como aquella cuyo valor no supera los 135 salarios mínimos.
“Una cosa es el tope para acceder a beneficios de ley, y otra muy distinta es el precio de venta, que debe expresarse en pesos y corresponder a un presupuesto real del proyecto”, expresó.
A su vez, la viceministra advirtió que la práctica de fijar precios en salarios mínimos carece de respaldo legal y vulnera el Estatuto del Consumidor. “Esa costumbre es contraria al Estatuto del Consumidor, porque impide que los compradores conozcan con certeza el valor total que van a pagar y abre la puerta a abusos por parte de algunas constructoras”.
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Además, manifestó que impide a los compradores conocer con claridad el valor total a pagar y facilita abusos por parte de algunas constructoras. “Había casos de familias que firmaban una promesa por 135 salarios mínimos, y antes de la entrega del inmueble les hacían firmar otro sí aumentando el valor, bajo la amenaza de perder la vivienda si no accedían”.
Impacto del salario mínimo y vigilancia del mercado
Aunque el incremento del salario mínimo podría generar preocupación en el sector constructor, el Gobierno asegura que su impacto real en los costos de vivienda será limitado. “El salario representa solo el 20% de los costos de construcción; los demás son insumos y materiales que no dependen directamente del mínimo”, indicó Marsiglia, según el Índice de Precios de Construcción de Edificaciones del DANE.
Por otro lado, informó que “la SIC ya recibió más de 400 quejas en los primeros días de enero, lo que demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control” y sostuvo que la superintendencia tiene facultades para investigar y sancionar a los constructores que incumplan la norma, incluyendo multas y procesos administrativos.
“Si un constructor se niega a pactar en pesos, el comprador puede acudir a la SIC. Esta práctica es abusiva y viola los derechos del consumidor”.
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Transparencia y acceso a la vivienda
El Ministerio de Vivienda busca garantizar que la vivienda VIS llegue a quienes realmente la necesitan y que los compradores conozcan con claridad el precio que deben pagar. “Existen constructoras muy serias que cumplen la norma; el objetivo es que todos lo hagan y que los compradores tengan reglas claras y precios transparentes”, concluyó Marsiglia, destacando que la construcción de vivienda VIS sigue siendo rentable gracias a beneficios tributarios y subsidios estatales.
