Luego de más de 13 días desde que se anunció por decreto el nuevo salario mínimo vigente para este 2026, las reacciones continúan. La medida ha tenido críticas por parte de algunos sectores, pero también se han conocido denuncias sobre empresas que no están implementando de manera adecuada el llamado salario mínimo vital.
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Ante esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio, liderada por Cielo Rusinque Urrego, emitió un comunicado asegurando que garantizará los derechos de los trabajadoras ante eventuales abusos que se puedan presentar.
“Nuestro modelo de economía social de mercado exige a los actores económicos que actúen con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios. En este sentido, el modelo económico colombiano no solo reconoce la libre autonomía, la libre iniciativa privada, la responsabilidad social y empresarial, sino que además prohíbe la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos. En este sentido, la autoridad de competencia estará atenta a evaluar las distintas denuncias y quejas que puedan surgir en el marco de estas funciones”, se lee en la primera parte del escrito.
También se lee: “La SIC del Cambio recuerda que el Estatuto del Consumidor, indica que todo consumidor se encuentra protegido de toda práctica o comportamiento que implique una afectación a su deber de información, la imposición de cláusulas contractuales abusivas o desequilibradas, la materialización de actos de publicidad engañosa, el incumplimiento en materia de garantías, entre otras”.
En cuanto a las inquietudes en el sector vivienda, la SIC apuntó que mediante Circular No. 4 de 2024, que se encuentra vigente desde el mes de febrero de 2025, dio instrucciones al sector constructor, consistentes en que la publicidad y la fijación de los precios de los proyectos de vivienda debían hacerse en pesos colombianos, de conformidad a lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.
Recordó la entidad que elevó requerimientos de información a más de 20 constructoras con el fin de determinar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios, y verificar el cumplimiento de estas instrucciones.
“Reforzaremos las acciones dirigidas a verificar el cumplimiento de estos en sectores estratégicos como ocurre con el régimen de precios de medicamentos y de dispositivos médicos, en el que la SIC vigila actualmente un total de 36 mil productos”, añadió la SIC.
