El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y tres ex ministros del Gobiero de Gustavo Petro: Aurora Vergara (Educación); Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Ricardo Bonilla (Hacienda) fueron llamados a juicio disciplinario por presuntas fallas en la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes, que entró en operación el 1 de mayo de 2024.
La decisión de la Procuraduría General de la Nación también cobija a directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.
De acuerdo con el expediente, los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades en el proceso de estructuración e implementación del nuevo modelo de atención en salud del régimen especial del Magisterio, aprobado mediante el Acuerdo 03 del 1 de abril de 2024. Entre las posibles fallas señaladas se encuentran la aprobación tardía del manual de contratación, la contratación extemporánea de las IPS, la falta de negociación previa de tarifas, la prestación de servicios sin autorizaciones previas y ambigüedades en la definición de la entidad encargada de realizar los giros y la auditoría de los recursos.
Según la Procuraduría, estas situaciones habrían afectado la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a los docentes y sus beneficiarios, generando múltiples quejas y la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, que incluso impuso medidas cautelares al FOMAG y a la Fiduprevisora en mayo de 2024.
La Sala Disciplinaria de Instrucción concluyó que, tras el cierre de la etapa probatoria y el traslado para alegatos, corresponde ahora determinar si las pruebas recaudadas permiten formular pliego de cargos o si, por el contrario, procede el archivo de la actuación, conforme a lo establecido en el Código General Disciplinario.
El organismo de control reiteró que la investigación busca establecer responsabilidades individuales por las decisiones adoptadas durante el cambio del modelo de salud del Magisterio, en un proceso que involucró a varias entidades del Estado y que tuvo un alto impacto sobre el derecho fundamental a la salud de miles de docentes en el país.
Vale mencionar que en septiembre pasado, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una medida cautelar de cesación provisional, por tres meses, contra el Fomag.
La decisión, que estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025, busca proteger el derecho fundamental a la salud de los docentes del magisterio, pensionados y sus beneficiarios, ante la evidencia de fallas reiteradas que comprometen la calidad del servicio y el manejo financiero de la red.
Con esta medida, FOMAG y la Fiduprevisora no podrán suspender, aplazar o negar autorizaciones para exámenes, procedimientos, asignación de citas, entrega de medicamentos y demás servicios requeridos por los afiliados.
Según informó la Supersalud, la decisión se sustenta en hallazgos de seis auditorías realizadas entre 2024 y lo corrido de 2025, que evidenciaron incumplimientos persistentes, como la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, demoras en pagos a prestadores, información incompleta y deficiencias en los controles financieros.
