Un grupo de exjefes paramilitares anunció este viernes que presentará al Consejo de Estado sus argumentos para desvirtuar los “prejuicios e impresiones graves” en los que, en su opinión, incurrió la Defensoría del Pueblo al demandar su designación como gestores de paz por el presidente, Gustavo Petro.
“Remitiremos al honorable Consejo de Estado todos los argumentos de hecho y de derecho que aclaran y explican las dudas, señalamientos infundados e imprecisiones en los que cae la Defensoría en su demanda de nulidad”, señalaron en un comunicado los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La defensora, Iris Marín, demandó el pasado lunes ante el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, la resolución a través de la cual Petro designó a 16 exjefes de las AUC como gestores de paz y aseguró que el documento que les acredita para ejercer el cargo “tiene vacíos y carece de controles y participación de las víctimas”.
Ante esta querella, los gestores de paz expresaron su “sorpresa” y “preocupación”, y afirmaron que su desmovilización tuvo lugar entre 2003 y 2006, tras una negociación política con el Estado que involucró a más de 35.000 integrantes de las extintas AUC.
Aunque el proceso nunca fue formalmente cerrado, aseguraron haber cumplido durante dos décadas con todos los requerimientos de la justicia ordinaria y transicional.
Los gestores de paz lamentaron que la Defensoría se refiera a ellos como “responsables de crímenes de lesa humanidad y con un historial documentado de incumplimiento parcial de sus obligaciones con la justicia”, una descripción que consideran “despectiva, prejuiciosa e imprecisa”.
“Dentro de los derechos de los fundamentos de la justicia transicional no están solo los derechos de las víctimas; también se contempla nuestro derecho a la reincorporación, a las segundas oportunidades y a la no estigmatización”, alegaron en su comunicado.
Entre los designados por Petro para ejercer como gestores de paz están algunos de los más sanguinarios exmandos paramilitares acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad.
De esa lista hacen parte, entre otros, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez y Hernán Giraldo Serna, este último considerado el mayor abusador sexual de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La demanda de la Defensoría recalca que la decisión de Petro al designar a esos exjefes de las AUC como gestores de paz altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que “mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos”.
En noviembre de 2024, dos meses después de haber asumido el cargo, Marín ya cuestionó a Petro por ese nombramiento y aseguró que “ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz”.
