La decisión de la Procuraduría de suspender de sus cargos, de manera inmediata, al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cayó como un baldado de agua fría en el gobierno.
La medida disciplinaria se tomó por cuenta del material hallado en los computadores de alias Calarcá, evidencia que lleva más de un año en revisión y cuya cadena de custodia continúa bajo la lupa del Ejecutivo.
“Se había iniciado una averiguación inicial que hoy avanza hacia una suspensión provisional del señor Huertas y del señor Mejía, eso habida cuenta de que ya se arrimaron al expediente inicial unas pruebas y unas certificaciones que estaban pendientes y tienen relación con su condición de servidores públicos”, manifestó el procurador general, Gregorio Eljach.
El pronunciamiento lo hizo durante un acto académico en la Universidad del Cauca, donde fue reconocido como Exalumno Eminente por su trayectoria en el ámbito público.
Asimismo, desde el gobierno, la reacción no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, admitió que la noticia lo tomó por sorpresa. “Quedamos frío, a ver qué va a suceder, respetando la decisión del procurador”.
Y añadió que fue una decisión tan acelerada, especialmente cuando el presidente había puesto en duda la autenticidad de los archivos digitalizados.
A su vez, Benedetti evitó anticipar si la suspensión favorece o perjudica el curso de la investigación y pidió prudencia mientras se analiza el alcance de la medida. Recalcó, además, que la Procuraduría actúa con independencia y que sus determinaciones deben respetarse cuando se sustentan en pruebas.
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Finalmente, frente a cuestionamientos sobre la permanencia de Mejía en el cargo, el ministro aclaró que cualquier decisión al respecto correspondía al director del DNI, Carlos Lemus, y debía ser consultada previamente con la Casa de Nariño.
