Desde Shanghái, China, el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, presentó este jueves el articulado con el que el Gobierno nacional busca abrir el debate sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
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El funcionario aseguró que se trata del “punto de partida para construir las bases de una transformación institucional” y explicó que el documento servirá como insumo para un debate nacional sobre la necesidad de actualizar la Constitución de 1991.
“Algunas normas de la Constitución de 1991 se volvieron obsoletas y otras son utilizadas por sectores absolutamente retardatarios para destruir las conquistas sociales”, afirmó Montealegre durante su intervención.
El ministro también anunció que este viernes, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, se realizará el acto simbólico de inicio del proceso constituyente, convocado por el presidente Gustavo Petro, quien confirmó que allí se iniciará la recolección de firmas del poder constituyente.
¿Qué dice la ley sobre el proceso para convocar la Asamblea Nacional Constituyente?
Convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia no es un trámite inmediato. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), se trata de un procedimiento largo, exigente y con múltiples etapas institucionales.
El primer paso recae en el Congreso de la República, que debe aprobar una ley de convocatoria para consultar a la ciudadanía si desea o no conformar la Asamblea. Para su aprobación se requiere el voto favorable de la mayoría de los integrantes del Senado y la Cámara.
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Esa ley debe incluir información detallada: el número de integrantes que tendría la Asamblea, el sistema de elección, los temas que abordará, así como la fecha de inicio y el periodo de sesiones. Una vez aprobada, pasa a sanción presidencial y posteriormente debe ser revisada por la Corte Constitucional.
Si el alto tribunal avala el texto, se convoca una consulta popular dentro de los dos a seis meses siguientes. En esa jornada, los ciudadanos votan por el “Sí” o el “No” a la convocatoria, y el tarjetón debe especificar los temas que se tratarían en la Asamblea.
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Para que el proceso continúe, al menos una tercera parte del censo electoral debe votar afirmativamente. Según el documento de la MOE, con el censo actual serían necesarios 12.988.505 votos por el “Sí”.
De aprobarse, el país tendría entre dos y seis meses para elegir a los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ese momento, el Congreso pierde temporalmente la facultad de reformar la Constitución, mientras la Asamblea delibera sobre los temas que motivaron su convocatoria.
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Finalmente, la MOE advierte que la Asamblea podrá someter a la ciudadanía, mediante referendo, el texto final o las reformas que proponga, cerrando así el proceso de transformación constitucional.
¿Qué propone la Asamblea Nacional Constituyente de Petro?
El borrador del proyecto de ley establece que la Asamblea estaría integrada por 71 delegatarios, hombres y mujeres, en representación de diversos sectores sociales y territoriales.
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Montealegre precisó que el objetivo es “iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro” y señaló que la Asamblea tendría la facultad de reformar la totalidad de la Constitución, aunque sin poder revocar al Congreso de la República.
El articulado también fija límites jurídicos que no podrán ser modificados:
- Respeto a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
- Observancia de las normas del Ius Cogens.
- Prohibición de retroceso en derechos fundamentales.
- Principio de no regresividad en materia de derechos sociales.
En su artículo primero, el texto indica que “la presente ley tiene por objeto disponer que el pueblo colombiano, en votación popular, decida si convoca a una Asamblea Constituyente, en desarrollo de lo previsto en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política”.
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De acuerdo con el Ministerio de Justicia, los temas centrales que abordaría la eventual Asamblea serían la protección de los derechos sociales, la creación de un estatuto del trabajo, la reforma al sistema de salud, la autonomía territorial indígena, el cambio climático y la protección del campesinado y la producción de alimentos.
Estos ejes, según la cartera, servirían como base para “discutir el tipo de Estado y de sociedad que Colombia necesita en el siglo XXI”.
