Una decisión judicial tomada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia ha generado preocupación en el sector salud, luego de que se ordenara el embargo de más de $422 mil millones a la Nueva EPS, recursos destinados a la atención médica de millones de colombianos.
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La medida, que hace parte de un proceso judicial en el departamento de Caquetá, fue calificada por la propia EPS como una amenaza directa a su operación y a la garantía del servicio para más de once millones de afiliados en todo el país.
De acuerdo con Gloria Polanía, agente interventora de la entidad, los recursos embargados hacen parte del dinero que debe ser girado a clínicas, hospitales y prestadores de servicios médicos, por lo que su retención pone en riesgo la atención en salud.
“El embargo de los recursos de la salud compromete el patrimonio público y, sobre todo, el derecho fundamental de los colombianos a recibir atención médica”, señaló la doctora Polanía, interventora de la EPS.
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La Nueva EPS por medio de un comunicado recordó que, por ley y por mandato constitucional, los recursos del sistema de salud son inembargables, debido a su destinación específica para garantizar la atención de los usuarios.
El juzgado de Florencia concentra actualmente cerca del 46% de las demandas ejecutivas contra la Nueva EPS y ha sido el que más embargos ha ordenado en el país. Entre las entidades que han promovido estos procesos están clínicas como Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente, Clínica Uros y la Fundación Cardio Infantil.
Ante esta situación, la entidad alertó a la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la ADRES, solicitando una revisión urgente del impacto que decisiones de este tipo pueden tener sobre la sostenibilidad del sistema de salud.
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Finalmente, la EPS hizo un llamado a la prudencia judicial y al respeto de los principios constitucionales que rigen la prestación de los servicios médicos, insistiendo en la necesidad de proteger el acceso a la salud de millones de colombianos.
