En las próximas horas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por su presunta participación en política.
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La indagación se originó tras unas declaraciones públicas emitidas por Montealegre sobre la campaña presidencial del abogado Abelardo De la Espriella, así como la aspiración al Senado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión del Ministerio Público se da en un contexto en el que el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, ha insistido en la necesidad de promover una ‘paz electoral’ y evitar discursos de odio en la antesala de las elecciones presidenciales de mayo de 2026.
El detonante de la indagación fue una entrevista concedida por el ministro Montealegre a la revista Semana, en la que calificó la precandidatura de De la Espriella como “caricaturesca” y lanzó duras críticas contra su perfil profesional.
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“Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia”, expresó Montealegre.
Asimismo, la Procuraduría consideró que las “duras descalificaciones” del ministro contra el expresidente Álvaro Uribe como otro de los motivos para abrir la investigación.
Cabe resaltar que Montealegre ha sido reconocido como víctima dentro del proceso judicial contra Uribe, pero la Procuraduría evalúa si sus opiniones públicas podrían estar excediendo ese rol y afectando la neutralidad exigida por su cargo.
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Además, el procurador Eljach hizo un llamado enfático a todos los actores del escenario político, incluido el presidente Gustavo Petro y su gabinete, a evitar el uso de discursos de odio.
“Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa”, expresó Eljach a través de un comunicado oficial y añadió que las campañas rumbo a 2026 se desarrollen en paz, con firmeza en las ideas, pero sin incitación al odio, “una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar a sus convicciones”.
La Procuraduría, además, puso en alerta a todos los servidores del Estado, reafirmando su papel como organismo que vigila, previene y sanciona conductas que comprometan la imparcialidad del ejercicio público. Pacheco enfatizó que, aunque el presidente y su gabinete tienen el derecho de defender su gestión y su pensamiento político, deben hacerlo siempre “en el marco de la ley y la Constitución”.
