La Defensoría del Pueblo presentó este martes la Alerta Temprana Electoral 2025–2026 para fortalecer, un documento de advertencia que identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, antes, durante y después de los comicios de 2026.
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La idea es que el Gobierno pueda fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la defensora Iris Marín Ortiz.
Por ello, el documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado.
Al Ministerio del Interior le pide fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales. Al Ministerio de Defensa y Fuerza Pública garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo. Y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
Así mismo, a la Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral les solicita la entidad del Ministerio Público asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral. Y a la Procuraduría, Personerías y demás órganos de control vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.
“La Alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias; servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales; defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población Lgbtiq+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz”, indica el documento.
Para el Caribe advierte la Defensoría que esta macrorregión está conformada por 135 municipios: 7 en llamado a la acción urgente (5,2%), 81 llamado a la acción prioritaria (60,0%) y 47 en observación permanente (34,8%).
“La macrorregión Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), tienen presencia y accionar los siguientes grupos armados ilegales: Ejército Gaitanista de Colombia / EGC; Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; Ejército de Liberación Nacional; Facciones disidentes de las extintas FARC-EP”, señala el reporte.
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Y concluye la alerta que “si bien gran parte de los municipios de la macrorregión enfrentan escasa presencia estatal, precariedad en los servicios básicos y una desconfianza generalizada frente a las autoridades, esta situación no es homogénea. En algunas ciudades capitales de mayor relevancia se observa una mayor capacidad institucional y cobertura en servicios, aunque persisten retos significativos en materia de seguridad ciudadana, acceso a la justicia y confianza en las instituciones”.
Finalmente advierte que en relación con la institucionalidad, a pesar del liderazgo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Comités de Garantías electorales evidencian el rezago que hay en las otras instituciones con responsabilidades en el proceso electoral. Y se ha observado demoras en los trámites administrativos que garanticen los recursos logísticos para el desarrollo de estas elecciones, al igual que falta de socialización y capacitación en colegios públicos y otros escenarios públicos que pudieran incentivar la inscripción y la participación de los jóvenes.
