La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, que estuvo seis años y cinco meses secuestrada por las FARC, afirmó este miércoles que puede recurrir a la justicia internacional por la condena contra siete integrantes del último mando de esa guerrilla porque considera que los deja en “total impunidad”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a los últimos jefes de las FARC a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro” durante el conflicto armado.
Betancourt dijo hoy en una entrevista con Blu Radio que la sentencia de la JEP es “desconcertante” porque los jefes de las FARC fueron declarados penalmente responsables de “crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”, según la JEP.
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“Nosotros podemos apelar primero ante la misma JEP, podemos después apelar ante la justicia ordinaria, pero yo creo que esto hay que llevarlo hasta la justicia internacional”, expresó Betancourt.
Las penas alternativas impuestas a los jefes de las FARC incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, una acción integral contra minas, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas, precisó el tribunal.
Íngrid Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero de 2002 en el sureño departamento del Caquetá a donde había viajado como candidata presidencial con su compañera de fórmula, Clara Rojas, y fue rescatada el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque junto con otros cautivos.
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Rojas, que también fue secuestrada ese día, recuperó la libertad unos meses antes, el 10 de enero de 2008, gracias a una mediación humanitaria.
Ausencia de reparación a víctimas
Según Betancourt, el proceso de paz colombiano, que dio origen a la creación de la JEP, “le dio mucha esperanza a mucha gente” y estaba basado en “la no impunidad, es decir, garantizar que efectivamente los crímenes de guerra y de lesa humanidad fueran castigados”, pero en su opinión la primera sentencia contra los responsables de los secuestros no refleja eso.
Betancourt dijo que “también había una reflexión de reparación a las víctimas que tiene que ser primero moral, la verdad, la justicia y también económica” y “nada de eso se dio”.
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Las víctimas de los secuestros de las FARC registradas ante la JEP son 21.396 hasta la fecha y, según Betancourt, los condenados no solo no les harán reparaciones económicas sino que los recursos para los trabajos restaurativos “supuestamente” saldrán “del presupuesto nacional”.
“Es decir, que los colombianos salimos a deberles y en particular las víctimas, que somos las que vamos a terminar pagando para que ellos hagan el desminado, para que ellos hagan los procedimientos ambientales, para que ellos hagan la búsqueda de los desaparecidos. Esto es el mundo al revés”, manifestó.
Los condenados por la JEP son Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko y quien fue el último jefe de las FARC; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
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La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, también expresó en su cuenta de X su preocupación por “la falta de claridad de las sanciones” contra los exjefes de las FARC, en especial sobre la “implementación efectiva de las restricciones de libertades y derechos” y de garantizar un “sistema riguroso de verificación”.
Según Goebertus, la JEP anunció la imposición de “dispositivos electrónicos” para los condenados “pero guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad. Subsanar este defecto es fundamental para cumplir la obligación de sancionar crímenes internacionales”.
