Colombia conocerá este martes las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete integrantes del último secretariado de la antigua guerrilla de las FARC responsables directos de miles de secuestros, uno de los delitos más cometidos durante el conflicto armado.
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La sentencia, catalogada como una “decisión histórica” por la propia JEP, será leída por la Sección de Reconocimiento de Verdad, que se ocupa de los casos en los que los acusados reconocen responsabilidad en los hechos que se les imputan y aportan a la verdad para el esclarecimiento de lo ocurrido en medio siglo de conflicto.
En este caso, los comparecientes son los últimos jefes máximos de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez).
“Los siete comparecientes fueron determinantes para la ejecución e implementación de la política de secuestro en todo el país, así como de otros delitos que se cometieron en el contexto del cautiverio”, indicó este tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno y las FARC.
Estas primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001, con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, un trabajo en el que ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.
Crímenes de guerra y de lesa humanidad
Los últimos jefes de las FARC serán sancionados por crímenes de guerra y de lesa humanidad porque, además de los secuestros, en muchos casos cometieron otros delitos como “homicidio, tortura y tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y esclavitud, desaparición forzada y desplazamiento forzado”, entre otros “actos inhumanos”.
La JEP concluyó además que los jefes máximos de las FARC fueron responsables de “tres políticas o patrones criminales de secuestro” que tenían como objetivos financiar a la guerrilla, promover el intercambio de cautivos por guerrilleros presos y ejercer control social y territorial.
El tribunal de justicia transicional constató que los secuestros de las FARC causaron también a las víctimas daños emocionales, morales, a la salud mental, al entorno familiar y económicos, así como pérdida de la confianza y del tejido social.
Por todo eso, y en virtud de que reconocieron su participación en dichos crímenes, los integrantes del último secretariado de las FARC recibirán sanciones de carácter restaurativo que implican restricción de la libertad pero no penas de cárcel, combinadas con trabajos de contenido reparador en beneficio de las víctimas.
Para los “máximos responsables”, las sanciones restaurativas son de entre cinco y ocho años, y para los demás implicados, que no fueron “determinadores” de la política de secuestros pero sí participaron en ellos, serán de entre dos y cinco años.
Trabajos sociales
Los primeros proyectos restaurativos para miembros de las FARC serán de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, reparación de la memoria y recuperación ambiental.
Además de los siete miembros del secretariado de las FARC, otros 34 miembros de distintos bloques de esa guerrilla han sido imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el caso de los secuestros y todos ellos han reconocido su participación.
Según la JEP, próximamente habrá otras dos imputaciones contra miembros de los bloques Oriental y Sur de las FARC como parte de las investigaciones del macrocaso 001 que concluirán en 2026.
Los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad en los crímenes que se les imputan, aunque la JEP tenga pruebas en su contra, enfrentarán juicios adversariales en los que pueden ser condenados a penas de 15 a 20 años de cárcel.
Esta misma semana, el jueves 18, la JEP emitirá también las primeras sanciones contra doce exmilitares del Batallón La Popa acusados de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos en el norte del país entre enero de 2002 y julio de 2005, hechos por los que hay registro de 135 víctimas directas.
