El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el prófugo ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Carlos Ramón González, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
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El magistrado ponente, José Jairo Agudelo, respaldó los argumentos de la fiscal María Cristina Patiño tras la apelación presentada por el abogado defensor Iván Cancino contra la decisión del magistrado Leonel Rogeles de enviar a prisión a la ex mano derecha del presidente Gustavo Petro.
González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.
“En ejercicio de la función de control de garantías, resuelve revocar el numeral 1 del auto, y en su lugar decretar la medida de aseguramiento por el delito de lavado de activos en contra de Carlos Ramón González Merchán. Segundo, confirmar la decisión apelada”, se lee en el fallo del tribunal capitalino.
González consiguió en diciembre una residencia en Nicaragua con aparente ayuda de la Embajada de Colombia en Managua, cuestión que revisa la Procuraduría.
A mediados de agosto pasado, el Gobierno envió al de Nicaragua la solicitud formal para que extraditaran a González, pese a que se había conocido una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González, exjefe del partido Alianza Verde, y también una carta de la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano en la que pedía ayuda para “solicitar la carta de renovación de residencia” del exfuncionario.
Petro y la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado “algún tipo de privilegio” para González.
A pesar de la divulgación de la carta de la embajada a la Cancillería nicaragüense, en la que intercede por González, el presidente ha intentado desmarcar a su Gobierno de cualquier responsabilidad e incluso pidió “a los medios aclarar su noticia”, que consideró “falsa”.
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Pero finalmente el asilo fue otorgado por Nicaragua al ex director del Dapre.
González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el pasado 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Ungrd, para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
Según la Fiscalía, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.
Excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.
