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El presidente Gustavo Petro reaccionó este jueves a la decisión de Nicaragua de negar la extradición de Carlos Ramón González, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y señalado como uno de los principales responsables del escándalo de corrupción en esa entidad. El gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político, lo que impidió que fuera trasladado a Colombia, pese a que pesa sobre él una orden de captura por cohecho, peculado y lavado de activos.

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A través de su cuenta de X, Petro expresó que la medida de Managua responde a factores políticos y a la relación histórica de González con la revolución sandinista. “Se debe a dos razones poderosas que le den asilo a Carlos Ramón: 1. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. Y 2. Porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M19, a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza. Los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”, escribió el mandatario.

El Ministerio de Justicia y la Cancillería colombiana, en un comunicado conjunto, señalaron que si bien reconocen la figura del asilo político, no comparten que se haya aplicado en este caso. “En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas que estén siendo procesadas judicialmente o hayan cometido delitos comunes”, se lee en el pronunciamiento.

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La Cancillería agregó que la decisión de Managua “desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929”, el cual obliga a entregar a procesados o condenados en ambos países. Por ello, solicitaron al gobierno de Ortega revisar las pruebas aportadas por la Fiscalía y revocar el asilo, para que González comparezca ante la justicia colombiana “con todas las garantías procesales”.

En la resolución oficial emitida por Managua se detalla que al exfuncionario le fue otorgado asilo político “con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”. Esta determinación ha complicado el curso de la extradición, pese a que la Embajada de Colombia en ese país ya había presentado una “nota urgente y prioritaria” con la solicitud formal.

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González, cercano al actual gobierno y considerado una de las piezas clave dentro de la Ungrd, se encuentra prófugo desde el 4 de julio, cuando un juez colombiano ordenó su captura preventiva. Mientras Colombia busca su entrega por vía diplomática, la solicitud de circular roja ante Interpol, tramitada en Francia, sigue pendiente como alternativa para avanzar en el proceso judicial.