Organizaciones de derechos humanos y de acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia en Urabá exigen que las tierras asociadas a Chiquita Brands se destinen a la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Se trata de 73 predios con más de 4.000 hectáreas, ubicados en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, equivalentes en extensión a la isla de San Andrés, y que actualmente permanecen bajo la administración de Agrícola El Retiro S.A., filial de la multinacional.
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Las propiedades, que forman parte de una cadena de transacciones entre Banadex, Banacol y Greenland Investments S.A.S., han estado en el centro de un entramado jurídico y empresarial que, según las organizaciones, ha retrasado su incorporación a los procesos de justicia y reparación. Una de estas tierras ya fue declarada de utilidad pública por la Gobernación de Antioquia, dado su valor estratégico para el desarrollo de Puerto Antioquia.
Investigaciones judiciales demostraron que Agrícola El Retiro financió entre 1997 y 2004 a la Convivir Papagayo, a través de descuentos aplicados a nóminas de empleados y contratistas. En total, se habrían canalizado más de 4.600 millones de pesos hacia estructuras paramilitares en la región.
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El pasado mes de julio, un tribunal condenó a siete exdirectivos de Chiquita Brands, entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, a 11 años y tres meses de prisión, además del pago de 13.800 millones de pesos, por su papel en los acuerdos con los hermanos Castaño para la financiación de grupos armados ilegales. Sin embargo, estos recursos aún no han llegado directamente a los afectados.
En paralelo, en Estados Unidos la multinacional ya fue sancionada en dos procesos judiciales, incluido uno que le ordenó pagar 38 millones de dólares a ocho familias colombianas. Para organizaciones como la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el Cinep, la reparación no puede limitarse a sanciones económicas ni al reconocimiento en sentencias internacionales.
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Su planteamiento es que los predios vinculados a Chiquita Brands sean incorporados al Fondo de Víctimas y entregados a comunidades campesinas y poblaciones desplazadas que sufrieron la violencia paramilitar en Urabá. Según estas organizaciones, hacerlo significaría transformar los bienes en un instrumento tangible de reparación y reconstrucción social, en lugar de tratarlos como simples activos de mercado.
