La polémica alrededor de las supuestas gestiones del Gobierno nacional para la renovación del estatus migratorio de Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia en Colombia, sigue creciendo y ya la Cancillería tomó medidas frente a este hecho.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que el caso fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias a las que haya lugar.
Y es que supuestamente el ministerio envió una nota verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua para que le renovaran la residencia de González que estaba próxima a vencerse. Sin embargo, la Cancillería colombiana asegura que la solicitud “no fue consultada ni autorizada” por ellos.
“Para la fecha de la nota, quien era el Embajador de Colombia ante el Gobierno de Nicaragua, ya había presentado su renuncia desde el 31 de enero de 2025 y aceptada el 3 de febrero de 2025”, explicaron mediante un comunicado.
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Precisaron, además, que al momento del envío de la nota verbal, la actual viceministra de Relaciones Exteriores y Canciller (e), Rosa Yolanda Villavicencio, no había asumido funciones pues su designación se realizó el 28 de mayo de 2025 y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 2025.
“Se aclara que este ministerio no instruyó a la embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones en relación con el señor González Merchán. Asimismo, en este Ministerio no reposan registros sobre la condición migratoria del mencionado ciudadano, ni sobre solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio connacional ante las autoridades nicaragüenses”, detallaron.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación judicial y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional”, razones por las cuales abrieron la indagación para esclarecer lo ocurrido.
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En esa misma línea habló Petro y la excanciller Laura Sarabia quienes aseveraron que no dieron indicaciones para la renovación del estatus migratorio del exdirector del Dapre. “(El Gobierno) no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, expuso el mandatario en su cuenta de X.
Por su parte, Sarabia afirmó que “no participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, anotó la exfuncionaria.
La orden de captura contra González fue emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo acusa de cohecho, peculado y lavado de activos.
En el mismo escándalo de corrupción en la UNGRD también está implicado Cesar Manrique, exdirector de Función Pública.