El presidente Gustavo Petro anunció el pasado 8 de agosto que su gobierno inició conversaciones de paz con el Clan del Golfo “fuera de Colombia”.
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“Le quiero informar al alcalde y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista (Clan del Golfo). He iniciado varias, yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, dijo el mandatario desde Tierralta, Córdoba.
Asimismo, el jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez Millán, dio a conocer este martes 12 de agosto que Catar sería la sede de los diálogos de paz con el grupo armado ilegal.
“Efectivamente, el Estado colombiano le hizo una solicitud al Estado catarí para fortalecer relaciones bilaterales y esfuerzos de construcción de paz en la región. En ese sentido hemos venido conversando con autoridades del Estado Catarí y en ese sentido hemos avanzado”, dijo el funcionario en la emisora ‘W Radio’.
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Sobre esto, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, pidió al presidente Petro que entregue información clara y detallada sobre los diálogos adelantados. Además señaló que es necesario que los gobernadores y alcaldes deben tener un rol activo en las negociaciones.
“No queremos procesos de paz como los anteriores que ha tenido el país, donde simplemente fue la firma de un papel, los deseos del cierre de brechas y generación de oportunidades que nunca llegaron”, dijo el mandatario departamental y también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
“No creo que haya alguien que se oponga a la paz, pero en el departamento no queremos vivir lo mismo del pasado”, agregó.
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Proyecto de ley de sometimiento
Sobre los diálogos con el Clan del Golfo, el presidente Petro dijo que “la condición para hablar y hacer un trato, que tiene que ver con el mundo jurídico, no depende tanto de mí, es que se ha presentado un proyecto de ley”.
Se refiere al proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales que propuso al Congreso el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, hace varias semanas y que ha sido objeto de polémica.
La propuesta gubernamental ha generado debates por las dudas que surgen respecto al tratamiento de reincidentes y delincuentes que ya se encuentran privados de la libertad. Sin embargo, Montealegre ha insistido en que el objetivo principal trasciende el tratamiento individual de los criminales para centrarse en el desmantelamiento estructural de las organizaciones.
Gustavo Petro sostuvo que “no es más que elevar a los delitos, incluso graves, a la justicia restaurativa. Ese proyecto no es más que el que mismo que discutimos cuando se hablaba de la Ley de Justicia y Paz, cuando estaba activo Santa Fe de Ralito (...) Verdad, justicia y reparación”.
Este proyecto, según el Ministerio de Justicia, busca dotar al Gobierno de normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales.
A bandas como el Clan del Golfo, por ejemplo, se les aplicará el proceso de sometimiento a la Justicia, que puede traer posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan las armas y desmantelan sus grupos.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la Justicia”, explicó el ministro Montealegre al presentar el proyecto el pasado 20 de julio.
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En agosto del año pasado, el presidente Petro autorizó abrir un “espacio de conversación socio-jurídico” con el Clan del Golfo, banda delincuencial heredera de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Actualmente, el máximo jefe del Clan del Golfo es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien asumió el comando de la organización criminal tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en octubre de 2021 y su posterior extradición a Estados Unidos.
Alias Otoniel fue condenado en 2023 en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico al introducir varias toneladas de droga ilegales, principalmente cocaína, a EE. UU.
