En una dura carta, el ex jefe negociador de paz, Humberto de la Calle, y el ex alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cuestionaron la actitud del presidente Gustavo Petro frente al acuerdo de paz con las extintas Farc firmado en 2016: “De desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”, se lee.
En la misiva, los exfuncionarios se refirieron al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, calificándolo como un duro golpe para el acuerdo de paz, pues este busca “romper el vínculo entre política y armas”.
Este acuerdo, según los firmantes de la misiva, “supuso, por una parte, el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil en el marco de un acuerdo que deja sin piso cualquier noción de lucha armada”.
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Pero la otra parte también era proteger a quienes hacen política: “En un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política” y en particular ‘unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política’“.
Protección a la oposición
Ante esto, De la Calle y Jaramillo aseguran que la muerte de Miguel Uribe Turbay es un golpe porque se trataba de “la cabeza de la oposición política en Colombia, al ser el primer renglón de la lista al Senado del partido Centro Democrático”.
“Era evidente para nosotros que con el fin del conflicto armado la política se haría más álgida, y que al mismo tiempo existirían riesgos, como en todos los procesos, de que disidentes o enemigos del proceso cometieran hechos violentos. Por eso nos comprometimos a pasar por el Congreso de la República un Estatuto de Garantías para el ejercicio de la Oposición Política y a crear un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, se lee en la misiva.
Y expresan que siguiendo el principio del Acuerdo, “el ejercicio de la oposición política es pieza fundamental para la construcción de una democracia amplia”.
En la carta, De la Calle y Jaramillo insisten en que “de todos estos derechos de la oposición tal vez ninguno es más importante en Colombia que el derecho a la protección, y por eso el Estatuto establece ‘programas de protección y seguridad... para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición’”.
En ese sentido cuestionaron duramente al mandatario: “La actitud del Presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad, que incluye “una instancia de alto nivel’ en la Presidencia de la República, y la promoción de la convivencia ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”.
Aseveran en la carta que “por estos días su Comisionado de Paz añade sin parpadear que hay un “divorcio” al interior del Gobierno y que él tampoco tiene responsabilidad por la implementación del Acuerdo, sino un funcionario de tercer nivel en su oficina".
Concluyen que la violencia no debería repetirse si hay diligencia por parte del Gobierno.
“La historia de Colombia no tiene por qué repetirse si el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Es imperativo que se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”, finalizan.
Esta es la carta completa:
