Millonarios contratos con el Estado, en total 718, fueron firmados por personas inhabilitadas, lo que se configura como un nuevo escándalo en distintas entidades del país.
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La información fue revelada por la Contraloría, que indicó que son 30 contratos ejecutados por 24 responsables fiscales inhabilitados, con un valor agregado de $20.247 millones y 688 contratos suscritos por 287 contratistas, por un valor total de $737.871 millones, quienes habrían estado inhabilitados al momento de la firma contractual.
De acuerdo con el ente de control, esta irregularidad fue detectada luego de que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) realizara el cruce de información entre las bases de datos de contratación pública (SECOP I y II) correspondientes al período comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025, y los registros de responsables fiscales contenidos en el Sistema de Información de Boletines de Responsabilidad Fiscal (SIBOR).
En el cruce de información se detectó que dos de estos contratistas habían sido previamente identificados en alertas emitidas por la Contraloría en vigencias anteriores, “en razón de observaciones relacionadas con la ejecución contractual o situaciones de inhabilidad”. Estas son: Caja de Compensación Familiar del Caquetá y Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – COMFAMILIAR.
Sobre la primera, la Contraloría indicó que estaba inhabilitada al momento de suscribir un contrato con la Fiscalía General de la Nación – Regional Centrosur, por un valor de $159.977.528.
En el caso de la caja de compensación de Cartagena, “también presentaba inhabilidad cuando firmó un contrato con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, por $47,9 millones”.
La Contraloría concluyó que emitirá las alertas correspondientes a las entidades competentes para que se tomen distintas acciones.
