El expresidente Álvaro Uribe dijo este viernes que el juicio en el que se le condenó a 12 años de prisión domiciliaria fue sesgado y señaló que la justicia colombiana y la internacional tendrán que examinar la actuación de la jueza 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, a la que acusó además de irrespetar a su familia.
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“Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la justicia internacional”, manifestó.
El expresidente pidió el uso de la palabra para argumentar en la apelación del fallo de primera instancia, ante el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que Heredia leyera la sentencia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
“Este es un fallo dictado por sectores de arriba que hace cinco años me pusieron preso, y está determinado por una acción política que involucra al presidente de la República, a su figura más importante en el Senado, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia (Eduardo Montealegre)”, expresó el expresidente de 73 años.
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El líder del Centro Democrático, en oposición a Petro, insistió en que hubo un “discurso político” para condenarlo el lunes, cuando se leyó el fallo que también lo absolvió de soborno en un caso que lo enfrenta al senador Cepeda, del Pacto Histórico.
Condena sin pruebas
Todo hace parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.
Sin embargo, el magistrado del caso no solo desestimó esa denuncia, sino que ordenó investigar al expresidente por intentar “comprar” falsos testigos en cárceles, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto, para que declararan en contra de Cepeda.
“No hay una sola prueba que sustente este fallo político que me condena”, subrayó Uribe, quien contestó el argumento de la acusación, acogido por la jueza, de que fue él quien mandó a Cadena a buscar testigos contra Cepeda entre exparamilitares presos.
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El expresidente agregó: “No hay una sola prueba que sustente que yo pagaba esos testigos. No hay una sola prueba que sustente que yo pedía a esos testigos que debían acusar a Cepeda o a otra persona”.
Defensa de su familia
Uribe cuestionó además a la jueza por comisionar al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir “la correspondiente boleta de encarcelación” y “proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos”.
“Y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia”, dijo.
El expresidente explicó que “en el ejercicio de libertad” recorre el país y participa en foros en los que expresa “con franqueza” lo que su corazón “siente sobre Colombia”.
“Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás, jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política, han sido incitadores de la violencia. Eso es, señalarnos de incitadores de la violencia”, indicó sobre la restricción de su libertad.
El expresidente reclamó también a la jueza por mencionar al comienzo de la audiencia a su hijo Tomás Uribe Moreno como una de las personas que supuestamente filtró a la prensa la sentencia condenatoria horas antes de que la hiciera pública, señalando que carece de “gallardía”.
“Eso me parece temerario, lo que hoy se dijo contra mis hijos, acusándolos de filtraciones y de faltos de gallardía cuando mis hijos proceden de frente, mirando a la cara. Y se olvidó la historia de filtraciones de este proceso, filtraciones sesgadas”, agregó Uribe.
Apelación: 13 de agosto
La jueza concedió a la defensa del expresidente la solicitud de extensión del plazo para presentar la apelación a la condena.
Inicialmente la defensa del exmandatario tenía plazo para presentar el recurso por escrito hasta el próximo 11 de agosto, pero el abogado Jaime Granados pidió que se le extendiera ese término hasta el 19 de agosto.
A esta petición se opuso la Fiscalía, pero la Procuraduría propuso que se modulara esta solicitud.
Por ello, la togada concedió hasta el 13 de agosto para la presentación del recurso que deberá ser resuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que puede confirmar, revocar o cambiar la condena.
El fallo
El fallo de 1.114 páginas, que se había filtrado previamente a los medios, también lo condena al pago de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (unos $3.444 millones) y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, es decir unos ocho años.
Denuncia a Petro
Horas antes de la lectura, Víctor Mosquera, abogado de Álvaro Uribe, denunció penalmente a Petro por hostigamiento y calumnia contra el expresidente.
La acción se presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto tras la serie de publicaciones que hizo Petro en sus redes sociales el 28 y 29 de julio pasados en los que al parecer señaló al exmandatario por paramilitarismo, narcotráfico y corrupción.
“Profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole a Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción”, se lee en el recurso.
Agrega el documento que contra Uribe Vélez “no existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”.
“Estas expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política, sino que además configuran una conducta sistemática de hostigamiento político”, se lee.
El uribismo convoca marchas el próximo 7 de agosto en respaldo al expresidente Álvaro Uribe
El partido Centro Democrático convocó este viernes a una marcha el próximo 7 de agosto, día de conmemoración de la Batalla de Boyacá, en respaldo al expresidente Uribe. La formación fundada por Uribe llamó a sus simpatizantes a movilizarse “en todos los rincones del país” en defensa del exmandatario.
“Este es el clamor de millones de compatriotas”, señala el texto, donde el partido admitió respetar “las instituciones y la justicia”, a pesar de estar “convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente: el presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó a Colombia”, afirma el comunicado.
La movilización fue convocada para el 7 de agosto, fecha en que se conmemora un hito de la independencia nacional, y que coincide con el inicio del último año de mandato de Petro.
“Marcharemos (...) para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura”, añade el comunicado, en aparente alusión a las elecciones presidenciales previstas para 2026.
El mensaje termina con la frase: “¡Ojo con el 26!”, acuñada por Uribe y que ha sido utilizada por sectores opositores al actual Gobierno como consigna electoral, en referencia al cambio de poder.
Las reacciones que deja el fallo contra Uribe
Múltiples pronunciamientos produjo la condena. La senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló: “Bien lo dice el presidente Uribe: en este proceso no se han respetado sus derechos”.
Su copartidaria, colega y también precandidata María Fernanda Cabal hizo eco de la denuncia del hijo del expresidente: “Esta denuncia de @tomasuribeEco es de la mayor importancia para el país. Los metadatos muestran que solo transcurrió un minuto y 11 segundos entre creación y edición de la sentencia contra el presidente Uribe. Es imposible que la juez haya escrito 1115 páginas en 15 días. ¿Alguien le ayudó a escribir las 1.114 páginas de sentencia a la juez?”.
El senador y vocero de la bancada de Senado del uribismo, Carlos Meisel Vergara, cuestionó: “Señora juez, intente ser respetable. De lo contrario corre el riesgo que no lo hagan. Usted no está para valorar la gallardía de nadie y menos de los que no está juzgando”.
Y la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, del Pacto Histórico, afirmó que “el país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, de reconciliación”.
