Compartir:

La canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy aseguró que el Gobierno nacional ya adelanta las labores necesarias para garantizar la atención digna en el regreso de los cientos de colombianos que están siendo deportados por Ecuador.

Lea: Obispo de Istmina-Tadó dice que en Chocó “reina el miedo” por paro armado del ELN

Cancillería

La funcionaria llegó este sábado a Rumichaca, acompañada de un equipo interinstitucional, para verificar de primera mano la llegada de los connacionales y garantizar “atención digna y el respeto a sus derechos durante todos los procedimientos”, indicó la Cancillería en un comunicado.

Reportó que de los más de seiscientos expulsados de Ecuador hasta el momento, ya ingresaron a colombia cerca de 450, “mientras que los demás se encuentran en el puente de Rumichaca a la espera”.

Lea: Incertidumbre entre cafeteros colombianos por los aranceles del gobierno de Estados Unidos

“De igual forma, al momento solo se cuenta con los antecedentes judiciales de 348 de los expulsados, por lo que ya se solicitó mediante nota verbal la información de los demás ciudadanos”, agregó.

El viernes se llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional para definir los procedimientos que garantizaran el ingreso de estos connacionales de manera ordenada, segura y digna al país. En este encuentro participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.

Lea: “La zona binacional con Maduro es el avance en la creación de una Cuba grande”: expresidente Uribe

“Desde el Gobierno nacional estamos en coordinación con el puesto de Mando Unificado instalado por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales con el fin de hacer un monitoreo constante de la situación, la Cancillería y el DPS se unieron a esta instancia la mañana de este sábado”, señaló la Cancillería.

Cancillería

Aseguró que una vez los deportados ingresen al territorio colombiano y surtan el proceso de migración, se les garantizará las condiciones dignas que incluyen la protección de los derechos humanos, hospedaje, alimentación y transporte hasta su destino final. Para los casos que corresponda, las autoridades competentes procederán a la identificación, búsqueda de antecedentes y definición de la situación jurídica.