La Registraduría anunció en sus redes sociales que el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se pronunciará este martes a las 10:30 de la mañana, desde la sede de la Registraduría en la capital del país, sobre la convocatoria del presidente Gustavo Petro a una consulta popular nacional sobre la reforma laboral para el día 7 de agosto de 2025.
La semana pasada el Gobierno expidió el ‘decretazo’ de la polémica convocatoria a la consulta popular luego de que el Senado negara la solicitud el pasado 14 de mayo.
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El Ejecutivo argumentó supuestas “trampas” en la plenaria de la cámara alta durante la votación del trámite, que ganó el no por 49 votos a 42.
No obstante, nueve partidos políticos presentaron también la semana pasada una solicitud urgente al registrador para que “devuelva el Decreto 0639 de 2025″.
En este sentido, los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción, Liberal, Nuevo Liberalismo consideraron que el decreto carece de “sustento jurídico y en abierta contradicción con el orden constitucional vigente”.
“Los partidos advierten que permitir la ejecución de dicho decreto, pese a su manifiesta inconstitucionalidad, sentaría un grave precedente institucional y comprometería recursos públicos en una convocatoria sin sustento legal”, se lee en el texto.
Debido a lo anterior, instan al jefe de la Organización Electoral “a ejercer con firmeza su deber constitucional, protegiendo el marco jurídico y la estabilidad democrática del país”.
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Por su parte, el entrante ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo a la revista Semana, previo a la expedición del controvertido decreto que estaba expresa la orden del mandatario al registrador Penagos para convocar a los colombianos a las urnas: “En el decreto se apelará a la excepción de inconstitucionalidad, en la que el presidente Petro inaplica el acto administrativo del Congreso. Asimismo, se ordenará enviar el decreto a la Corte Constitucional para efectos de su control. Tercero, le dará la orden a la Registraduría para que inicie la organización de la logística de la votación de la consulta. En cuarto lugar, se fijará la fecha para la elección”.
Y advirtió que el registrador “tiene la obligación de cumplir el decreto del presidente” o de lo contrario “estaría incurriendo en prevaricato”.
