El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la decisión de convocar una consulta popular vía decreto –luego de que esta iniciativa se hundiera en el Senado– ha generado todo tipo de reacciones en los distintos sectores del país. Según el mandatario, el proyecto fue derrotado en el Congreso porque “hicieron trampa”.
Cabe recordar que el pasado 14 de mayo esta propuesta fue rechazada en la plenaria del Senado con una votación de 49 votos en contra frente a 47 a favor.
La nueva intención del Gobierno nacional no fue bien recibida por la mayoría de los líderes políticos y económicos, que se pronunciaron en contra de esta decisión e incluso la calificaron como un “golpe a la institucionalidad”.
A través de un comunicado conjunto, los partidos políticos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI advirtieron que convocar la consulta popular sobre la reforma laboral en un decreto es un golpe al Estado de Derecho.
“El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”, se lee en la misiva.
Lea también: Consulta por decreto desconoce decisiones del Senado: Excelencia en la Justicia
Hicieron un llamado a las altas cortes, entes de control y autoridades electorales para que defiendan la Constitución.
“Instamos a las instituciones competentes la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”, enfatizaron.
Y pidieron concretamente al registrador Hernán Penagos no avanzar en una eventual consulta popular sin verificar primero si el decreto cumple con todos los requisitos legales.
Además, pusieron de presente que el Consejo de Estado ya avaló la decisión del Senado de archivar la solicitud del Gobierno de convocar la consulta, lo que confirma que fue un acto legítimo del Legislativo.
Más reacciones
Varios senadores de la bancada Caribe expresaron su rechazo y coincidieron al asegurar que la propuesta presidencial no tendría bases jurídicas y sería un “golpe a la institucionalidad”.
El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, calificó el anuncio como “un golpe a la democracia”.
A su vez, dijo que no se puede ser amigo de la democracia solamente cuando gana: “Nosotros aquí en el Congreso hemos asumido derrotas por parte del Gobierno; nos han derrotado muchas veces y no ha pasado nada”.
Y agregó que si bien el Gobierno perdió la votación en el Senado por un estrecho margen, “por muy en desacuerdo que esté con el resultado fue el resultado”.
Señaló, además, que el presidente no está facultado para decir si las votaciones son lícitas o no: “No puede autoproclamarlas como viciadas. Claramente se voló la cerca del demócrata que dice ser”.
Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez afirmó que el Gobierno no tiene la facultad de convocar una consulta popular mediante decreto tal como lo establece el artículo 104 de la Constitución Política.
Sostuvo que pretender ahora que el presidente convoque la consulta por decreto, ignorando la votación, no solo es inviable jurídicamente, sino peligroso institucionalmente: “Estaría cruzando una línea constitucional muy delicada: la de violar el orden jurídico para impulsar una campaña anticipada con recursos del Estado”.
Para el congresista barranquillero, con estas acciones el Gobierno está demostrando que carece de dirección y voluntad de construir consensos.
“Insiste en una consulta innecesaria, desconoce decisiones legítimas del Senado, sabotea avances responsables en temas como la reforma laboral y además incita a la polarización a través de discursos agresivos que fracturan nuestra convivencia democrática”, anotó.
Al respecto, también se pronunció el senador por el partido de la U, José David Name, quien dijo que intentar sacar adelante la consulta popular a través de un decreto se sale de su fuero: “Ese decreto es inconstitucional porque no tiene motivo”.
Name agregó que lo más probables es que cuando se demande este decreto se va a fallar “en contra del señor presidente porque no hay motivo para hacerlo de esta manera”.
La posición de los gremios
El Consejo Gremial Nacional, liderado por Camilo Sánchez, expresó que el anuncio “vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave vulneración al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política”.
También expuso que “utilizar su investidura para presionar al Congreso o deslegitimar a sectores sociales y económicos que disienten de sus propuestas, atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones”.
Asimismo, indicó que “las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país”.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que “una vez más, el país asiste con preocupación a un nuevo intento del Gobierno nacional por desviar la atención de sus reiterados fracasos mediante decisiones improvisadas y anuncios escandalosos”.
En ese sentido, el dirigente gremial manifestó que la consulta por decreto sin cumplir con los requisitos constitucionales, no solo es irresponsable, sino abiertamente ilegal.
El vocero de los comerciantes agregó que destinar $750 mil millones del erario a una consulta “espuria”, en medio del peor déficit fiscal de la historia reciente del país, constituye un acto de profunda irresponsabilidad.
“Más grave aún, revela una intención preocupante de adelantar la campaña de 2026, bajo la fachada de una consulta populista, debilitando la institucionalidad y poniendo en riesgo la democracia. Un auténtico y descarado intento de golpe de estado”, señaló Cabal.
La presidenta del gremio Aliadas, María Claudia Lacouture, señaló que a esto se suma una grave preocupación y es que “se pretende convocar una consulta nacional en un contexto de déficit fiscal severo, cuando millones de colombianos reclaman soluciones urgentes en salud, educación, empleo y seguridad”.
“Destinar recursos públicos a una propuesta que ya fue rechazada institucionalmente contradice las prioridades del país”, dijo Lacouture.
Y agregó: “Colombia solo podrá avanzar si todas las decisiones se adoptan dentro del marco constitucional, con diálogo, corresponsabilidad y pleno respeto institucional. Las reformas legítimas deben construirse con la ley, no al margen de ella”.
Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que “el autoritarismo de anunciar una consulta sin importar lo que haya decidido el Senado de la República y decidiendo saltarse el Legislativo, es inaceptable en un estado democrático”.
A su vez, el dirigente gremial –que viene siendo el vocero de los empresarios en Colombia– lanzó esta pregunta: “¿Qué garantiza hoy que si la Corte Constitucional niega la legalidad del decreto, el Gobierno lo respete?”.
