En Suecia proponen la prohibición de adopciones de niños colombianos, tras una reciente investigación que revela inconsistencias en estos procesos. Al parecer, varios menores de edad fueron declarados muertos para robarles la identidad.
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Así como esta grave revelación, también el Gobierno sueco señaló que varios padres nunca dieron el consentimiento para dar a sus hijos en adopción y aun así el trámite se estaba realizando. Estas graves irregularidades en las adopciones internacionales fueron las causantes de la solicitud de Suecia.
Y es que alrededor de 60.000 personas han sido adoptadas en Suecia desde países extranjeros, según el informe, siendo los principales puntos de origen China, India, Corea del Sur, Sri Lanka, Colombia y Chile, entre otros.
“Imagínese que alguien elimine su historia. (…) Es una herida abierta”, indicó la jurista Lisa Gauffin Dahlin, activista de Chile Adoption, organización de adoptados procedentes del país sudamericano, durante un encuentro en Estocolmo el pasado lunes.
Por su parte la relatora especial Anna Singer aseguró que durante varios años los niños fueron adoptados sin el libre consentimiento de sus pares, incluso muchos fueron declarados muertos por error o entregados en adopción por quienes no eran sus padres.
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Sobre estos hechos, Singer entregó un informe a la ministra de Servicios Sociales de Suecia. La relatora reveló además que existen “deficiencias importantes y sistémicas” en la documentación sueca sobre el origen de estos menores.
“La fecha de nacimiento, las informaciones sobre los padres, así como las circunstancias y las razones”, fueron algunos de los detalles falsos encontrados en dichos documentos.
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De igual manera, Singer mencionó que la investigación revela una decena de casos de tráfico de niños desde 1970 hasta los años 2000, específicamente en las adopciones privadas procedentes de Polonia, Sri Lanka, China y Colombia.
Finalmente, la comisión de investigación propuso prohibir cualquier adopción internacional y que Suecia ofrezca públicamente sus disculpas a las personas afectadas.
“El Estado debe reconocer las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron”, enfatizó Singer, la relatora especial.
