Una violenta agresión contra una niña indígena en la comunidad de Gito Dokabu, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, ha generado una ola de indignación en la región y entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.
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El hecho, registrado en un video que circula en redes desde el pasado 29 de mayo, muestra a la menor siendo golpeada con tallos vegetales por dos hombres adultos, hasta el punto de perder el conocimiento momentáneamente.
La agresión ha sido fuertemente condenada por las autoridades departamentales, el Gobierno Nacional y colectivos indígenas que han insistido en que ninguna práctica cultural puede justificar la violencia contra niñas y mujeres.
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El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, fue uno de los primeros en pronunciarse con firmeza tras conocerse los hechos. “Rechazo total a estos actos injustificables, que no se pueden escudar en tradiciones ancestrales y que van en contravía del derecho internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el maltrato a nuestra niñez”, expresó.
Tras la difusión del video, la Secretaría de Salud Departamental, en coordinación con la Procuraduría Regional, activó de manera inmediata la ruta de protección. La menor fue trasladada al hospital Santa Mónica y actualmente permanece en un lugar de paso bajo supervisión médica y psicológica.
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“Logramos gestionar el traslado inmediato de la menor desde el lugar hasta el hospital. En este momento está recibiendo los cuidados necesarios y se encuentra bajo protección mientras las autoridades competentes toman decisiones sobre su situación”, informó Litza Fernanda Roldán, directora operativa de Salud Pública del departamento.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que la niña sigue con vida y que se ha iniciado un proceso formal de restablecimiento de derechos. La entidad también desmintió rumores sobre una presunta muerte de la víctima.
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La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia, por su parte, publicó una denuncia pública en sus canales oficiales, en la que condenaron el ataque como una “grave vulneración de los derechos humanos, la integridad física, psicológica, emocional y espiritual” de la menor. El colectivo dejó claro que estos actos no representan los principios de los pueblos indígenas ni su Ley de Origen.
“¡Nada justifica la violencia contra nuestras mujeres y niñas!”, señala el comunicado, en el que también se advierte que “la autonomía indígena y el reconocimiento de la diversidad étnica no son incompatibles con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias”, citando sentencias de la Corte Constitucional de Colombia.
El llamado de la organización es claro: que se investigue y sancione a los responsables dentro del marco del derecho propio, pero en armonía con los derechos fundamentales. Asimismo, exigieron que la institucionalidad estatal haga seguimiento activo del caso, garantizando una intervención oportuna y respetuosa de la autonomía comunitaria, pero sin tolerancia frente a la violencia de género.
Este caso ha generado un amplio debate entre los usuarios de redes sociales, quienes han comenzado a cuestionar los límites de la autonomía de los pueblos indígenas frente a los derechos fundamentales, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar o violencia de género.
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Por ahora, la menor permanece bajo vigilancia institucional, mientras se evalúan las medidas de protección permanentes que aseguren su bienestar físico y emocional. La comunidad de Gito Dokabu, por su parte, está llamada a responder por el hecho y a revisar críticamente las dinámicas internas que permitieron que una agresión de esta magnitud se realizara ante la mirada pasiva de otros miembros del grupo.
