Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, exjefe del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado este miércoles a 20 años de prisión tras aceptar su participación en 141 hechos criminales cometidos entre 2000 y 2005.
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El fallo, de acuerdo con lo que se conoció, fue proferido por un juez penal especializado de Bucaramanga, quien además le impuso una multa equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La condena se dictó en el marco de una sentencia anticipada, en la que Jiménez reconoció su responsabilidad en crímenes cometidos contra civiles, periodistas, funcionarios judiciales y militantes políticos, especialmente de la Unión Patriótica.
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Entre los delitos por los que fue hallado culpable figuran homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, acceso carnal violento, secuestro y reclutamiento ilícito. El juez negó beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, por lo que ‘Macaco’ deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el excomandante paramilitar ordenó y tuvo pleno conocimiento de los crímenes cometidos por su bloque en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander.
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La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió acreditar 237 víctimas de un plan sistemático dirigido a asesinar, desaparecer y desplazar a quienes se oponían a sus estructuras armadas.
Entre los casos que motivaron la condena están los asesinatos del concejal Héctor Mantilla Rodríguez (Barrancabermeja, 2000), del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria (Tumaco, 2001), del también periodista Eduardo Estrada Gutiérrez (San Pablo, 2001), del investigador del CTI Orlando Torres Losada (Florencia, 2002), y de los miembros de la UP Arsenio y Oleider Paloma (La Montañita, 2002).
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Alias Macaco también aceptó crímenes relacionados con violencia de género, como el acceso carnal violento, secuestro y desplazamiento forzado de una mujer en Bolívar (2000); el asesinato de las hermanas Galárraga Meneses en Putumayo (2001); abuso sexual a una joven en Santander (2002); y tortura y violencia sexual contra una mujer en Bolívar (2004).
Esta condena se suma a otras investigaciones en curso contra exintegrantes de las AUC por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el país. Según la Fiscalía, esta decisión busca contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.
