En medio de uno de los ambientes más hostiles y volátiles de los últimos dos años debido a los escandalosos hechos de corrupción conocidos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro instalará este sábado un nuevo periodo de sesiones del Congreso Nacional con el objetivo de sacar adelante varias iniciativas que le permitan dar aire a su plan de gobierno, entre ellas la controvertida reforma la salud, la de justicia, la tributaria y la ley estatutaria de educación, que se hundió en la última semana de la anterior legislatura.
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El mandatario, que presidirá por la mañana en una tarima el desfile militar del 20 de julio, Día de la Independencia, y por la tarde estará en el Capitolio, apelará, en esta ocasión, a lograr un “acuerdo nacional” con todos los sectores, una labor encomendada a Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, que tendrá en esta ocasión –tras la salida de Luis Fernando Velasco– la responsabilidad de sumar consensos en un Salón Elíptico cada vez más dividido.
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Sin embargo, los propósitos del mandatario han encontrado serias resistencias luego de que propusiera una asamblea nacional constituyente, una iniciativa sobre la cuál aún no ha explicado las razones para llevarla a cabo y que, a juicio de la oposición, tiene como objetivo brindar ventajas para el Pacto Histórico en las elecciones de 2026.
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“Un acuerdo nacional pasa necesariamente por respetar éticamente a quienes piensan distinto; por ejemplo, a aquellos que se oponen a la propuesta de una constituyente con argumentos diversos”, manifestó Alejandro Gaviria, ex ministro de Educación.
Las iniciativas
La reforma tributaria, que estaba pactada para ser presentada este sábado, fue aplazada hasta que sea radicado el Presupuesto General de la Nación para el 2025, es decir el próximo 29 de julio, según explicó el ministro Ricardo Bonilla.
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El proyecto, que según el Gobierno tiene como objetivo lograr una mayor reactivación económica del país, carece –hasta ahora– del respaldo de los sectores clave de la industria y de políticos con fuerte injerencia en los partidos tradicionales.
“Con una reforma que redujera aún más el ingreso disponible de los hogares, o afectar a la actividad económica, estaríamos abocados a una recesión económica. Ni los hogares colombianos, ni las empresas están en la capacidad de pagar más impuestos en este momento”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
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En este sentido, el dirigente gremial aseguró que “el Congreso hizo oídos sordos a nuestras advertencias, y hoy todo el país está pagando las consecuencias de esa actitud y de la falta de escucha por parte del Ministerio de Hacienda”.
Otra de las prioridades del Gobierno será poner en marcha la reforma a la justicia, que en su momento fue construida por el exministro Néstor Osuna y una comisión de expertos formada por representantes de diversos sectores. En esta ocasión, Ángela María Buitrago, que estuvo ternada para ser fiscal general de la Nación, será la encargada de lograr los suficientes apoyos para que surta trámite en el Congreso.
La ministra ha explicado que el articulado plantea, principalmente, darle mayor agilidad y eficacia al sistema judicial.
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“Ese procedimiento penal se está pensando en un contexto de generar rapidez, pero la rapidez no puede confundirse con dos elementos esenciales que necesita un sistema procesal, que es eficacia, acceso a la justicia y derecho. Entonces, sobre esas bases, la reforma tiene que pensarse y mirarse a corto, mediano y largo plazo. Esa reforma significa que hay medidas urgentes que se van a tratar de implementar de manera inmediata sometiéndolas al Legislativo”, indicó.
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Por otro lado, en las últimas semanas los ministerios de Minas, Ambiente, Vivienda, TIC, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sostuvieron varias reuniones para terminar de darle cuerpo a la reforma a la ley de servicios públicos, que está basada en seis pilares: justicia tarifaria, universalización en la prestación del servicio, usuario como el centro de la regulación, fortalecimiento institucional y gobernanza, focalización de subsidios y participación comunitaria en la prestación del servicio.
Con relación al proyecto, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, le solicitó al presidente Gustavo Petro que la iniciativa no sea “un factor distractor, porque las herramientas para arreglar los problemas en el Caribe las tiene”.
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Las dudas que despierta el proyecto están basadas principalmente en las dudas que tienen varios sectores por las ‘musculosas’ facultades que tendría Petro para tomar decisiones con respecto al sector enérgetico.
Por otro lado, en la actualidad el proyecto que más incertidumbres genera es la reforma a la salud, que se hundió en la pasada legislatura en la Comisión Séptima del Senado de la República.
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El articulado, que ha generado fuertes choques entre opositores y la bancada de Gobierno, estaba pactada a ser radicada con mensaje de urgencia antes del 20 de junio; sin embargo, el Gobierno no la presentó.
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El ministro Guillermo Jaramillo, que ha estado en el ojo del huracán por la fallida implementación en el nuevo modelo de salud del magisterio, tendrá –de nuevo– la titánica tarea de lograr consensos con las asociaciones médicas y el Congreso en general, que está distante del proyecto del Ejecutivo.
Con respecto al nuevo sistema, Pacientes Colombia, una organización que reúne a más de 198 organizaciones de usuarios pacientes, presentó una propuesta que tiene como objetivo la construcción del proyecto desde la visión centrada en las personas y los pacientes. “Es por eso que nosotros hablamos en la propuesta de unas agencias aseguradoras, donde ellas serían las responsables del aseguramiento y el Estado colombiano todo lo que tiene que ver con el financiamiento e información”.
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Por último, Daniel Rojas, ex director de la SAE y actual ministro de Educación, tendrá el reto de lograr lo que Aurora Vergara, su predecesora, no pudo: la aprobación de la ley estatutaria de educación.
Críticas
En una declaración pública, el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, arremetió contra los proyectos del presidente Gustavo Petro, a quien catalogó de creerse un “emperador”.
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“Detrás de una retórica pseudoprogresista, el país ha presenciado una serie de decisiones regresivas que perjudican, que perjudican al pueblo, especialmente a los más pobres y vulnerables. En lugar de promover reformas para avanzar y mejorar, como siempre ha abogado el Partido Liberal, el Gobierno se ha empeñado en destruir las conquistas que beneficiaban a millones de colombianos”, se lee en la misiva.
