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Opiniones a favor y en contra ha recogido el plan del Gobierno nacional de reconstruir con las juntas de acción comunal, JAC, los puestos de salud de las regiones más apartadas del país.

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Mientras hay quienes ven con buenos ojos la idea para empoderar la asociatividad popular y mejorar la atención en salud en la Colombia rural, otros tienen dudas acerca de cuál es el alcance de las JAC. Unos más ven en el asunto una jugada política, hay quienes creen que se trata de un plan B ante la eventualidad de fracaso de la reforma a la salud en el Congreso, y otros se debaten entre si el planteamiento se salta a los mandatarios locales o sí, por el contrario, les da otra herramienta para llevar el Estado a donde hace falta.

Lo que dice el Gobierno. El presidente Gustavo Petro aseguró en sus redes sociales al respecto: 'Todos los centros de atención primaria en salud pública que hay en el país deben ser reparados y puestos a funcionar en toda Colombia. Están los recursos presupuestados para eso'.

Así mismo, el Gobierno anunció tras un encuentro entre los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como el director del Sena, Jorge Londoño, que la idea es que centenares de JAC, alcaldes, gobernadores, hospitales y el SENA iniciarán el plan de recuperación de los puestos de salud de las regiones más apartadas.

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Convenio. Para todo esto, precisaron, 'se firmará un convenio para fortalecer estos centros y beneficiar a las comunidades. El objetivo es que médicos, enfermeras y personal de distintas áreas de la salud atiendan a la población, especialmente en las veredas'.

SENA. Al respecto, el director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, explicó que la idea que se contempla es 'llevar la salud a los campesinos, a aquellos territorios que han sido siempre ignorados y que la ley de salud dejó por fuera de ese derecho fundamental. La labor del Sena será dirigir todo lo que tenga que ver con el trabajo de remodelación, recuperación y reconstrucción de los diferentes puestos de salud, de la mano de las juntas de acción comunal y las comunidades en general'.

Agregó Londoño en este sentido: 'Vamos a ser coordinadores del proceso, a ser formadores de esas personas y a colocar nuestro granito de arena para que ellos piensen comunitariamente'.

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Minsalud. A su vez, el jefe de la cartera de protección social afirmó: 'Vamos a tener recursos para apoyar este acuerdo y recuperar la gran mayoría de los puestos de salud que están en las veredas, en las inspecciones de policía, en muchos municipios e incluso en algunos hospitales'.

Y aseveró: 'Vamos a tener médicos, enfermeras, auxiliares y sectores como nutrición, psiquiatría, psicología, odontología. Así haremos la atención primaria en todos los territorios'.

Mininterior. El titular de la cartera política, por su parte, precisó: 'Queremos vincular a cientos de juntas de acción comunal, alcaldes, gobernadores y directores de hospitales en un proceso de recuperación de centros de salud que han sido cerrados por el modelo que ha imperado en las últimas décadas. La idea es juntar recursos y la capacidad técnica del Sena'.

Velasco, de hecho, afirmó esta semana en Blu Radio que el Estado ya ha encontrado 1.500 centros de salud cerrados que quiere volver a abrir: 'Reparar un puesto de salud y ponerlo a punto no necesita de una gran complejidad técnica. (...) A la gente se le prepara, y la propia comunidad arregla su centro'.

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$6 billones. Además, dijo, el Ministerio del Interior que entregará entre $200 millones y $500 millones a cada junta, dependiendo del proyecto.

Recordó que hay unas 65 mil JAC en todo el país y aseguró que cuando era alcalde de Popayán, de 1992 a 1994, trabajó con las JAC para construir 'cerca de 4.000 soluciones de viviendas'.

Y concluyó que el Ministerio de Salud tiene un presupuesto de $6 billones destinados a la infraestructura: 'El niño que vive en la Alta Guajira puede tener su carnet de salud, pero si necesita la atención médica debe hacer un viaje de seis o siete horas para encontrar un sitio en que lo atiendan'.

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¿Política o plan B?

El politólogo Felipe Jimeno escribió en sus redes sociales al respecto que 'algunas juntas de acción comunal tienen una inclinación política muy notable y muchas son incompetentes para gestionar el bienestar de sus barrios. La propuesta del ministro del Interior incrementa el riesgo de corrupción y podría generar caos al confiar la gestión de un centro de salud a las JAC'.

No obstante, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, ponente del proyecto de la reforma a la salud, publicó: 'El Gobierno anuncia un plan para rehabilitar cientos de centros de salud y crear hasta 11.000 equipos territoriales de salud, y la derecha, en vez de celebrar, se enfurece. Nada les gusta, nada les sirve, quieren todo para las EPS y nada para la gente. A celebrar esta noticia'.

De otro lado, el representante Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, advirtió que 'el ministro del Interior sostiene que la construcción y renovación de los CAPS –centros de atención primaria en salud– estará a cargo de las juntas de acción comunal. Entregarán montos entre $200 y $500 millones. Preocupa que improvisen y politiqueen con los recursos de la salud'.

Cámara de Infraestructura.El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, Juan Martín Caicedo, le dijo a EL HERALDO que 'aunque no es un asunto de nuestro resorte directamente, lo vemos viable, interesante, oportuno, e incluso retador, siempre y cuando lo relativo al trabajo de construcción esté atado a estándares constructivos, que garanticen la perdurabilidad de las obras'.

Y frente a la disyuntiva que existe sobre si la idea excluye o incluye a los mandatarios locales y departamentales, aseguró que 'a ese respecto, alcaldías y gobernaciones pueden participar, e incluso liderar ese ejercicio'.

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Los analistas

El sociólogo Carlos Charry, experto en movimientos sociales y catedrático de la Universidad del Rosario, indicó en este diario que 'en algunas esferas del alto gobierno se está hablando de un plan B para en caso de que no salga aprobada la reforma a la salud en el Senado de la República, que consistiría en concentrar la mayor cantidad de afiliados al sistema de salud en la Nueva EPS, que es la entidad prestadora de servicios de salud del Estado, y reactivar los denominados puestos de salud a través de las juntas de acción comunal, JAC; sin embargo, para los expertos en salud y analistas políticos las preguntas que nos asaltan son si las juntas de acción comunal están habilitadas tanto legal como constitucionalmente para recibir esta clase de recursos'.

Por otro lado, se pregunta el investigador del Observatorio del Conflicto Social Ciudadano, '¿desde el sistema de salud mismo quién auditará e intervendrá y hará seguimiento a la calidad del servicio que presten estás instituciones?'.

Por consiguiente, agrega el sociólogo en diálogo con este medio de comunicación, 'lo que se prevé es que muy probablemente una vez salga el decreto existan muchas demandas de constitucionalidad, y así exista de alguna manera una figura que permita la legalidad del acto, el tema de quién hará vigilancia a estos puestos de salud genera muchas inquietudes'.

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Y puntualiza el catedrático de la Universidad del Rosario: 'Faltará ver la evolución y el borrador o el decreto, las críticas al respecto y las eventuales demandas sobre esa figura. Además, habría que mirar porque las JAC fueron creadas a finales de los años sesentas con fines de promover la participación ciudadana en la gestión local y municipal, por consiguiente habría que evaluar si están habilitadas para recibir y gestionar recursos del sistema de salud'.

¿Plan B por si se cae la reforma de salud?

Carlos Arias, analista político y catedrático de la Universidad Externado, comentó en este periódico sobre el plan del Ejecutivo: 'Lo veo viable; sin embargo, en términos de la regulación de ese tipo de servicio y sobre todo la calidad de lo que se haga es lo que me genera dudas, pero digamos, como iniciativa es necesario dinamizar y generar nuevas alternativas, el asunto aquí es que se podría estar buscando un plan B por si se cae la reforma a la salud, porque básicamente genera un empoderamiento popular que reemplazaría al sistema, y en el intento de democratizar y ampliar la cobertura se pierde calidad'.

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Los comentarios de los ingenieros y arquitectos sobre la medida

El ex gobernador de Bolívar y presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Jorge Mendoza Diago, señaló en diálogo con EL HERALDO que el planteamiento del Gobierno nacional 'como idea que busca fundamentalmente empoderar a las asociaciones comunales me parece bien.

Lo que sucede es que ahí habrá que tener en cuenta varios requisitos: en primer lugar llevar a cabo una actividad de esas requiere normalmente conocimientos especializados de ingeniería o arquitectura y no siempre las juntas de acción comunal tienen dentro de sus miembros ese tipo de personas, de modo que contratarlos pudiera significar una deficiencia desde el punto de vista técnico'.

Lo otro, agrega el experto en infraestructura, es que los ingenieros y arquitectos, 'que normalmente somos contratistas, tenemos la posibilidad de tener esos contratos mediante una competencia sana, y si los limitan a que los trabajos los hagan las juntas de acción comunal pues nos están excluyendo como profesionales especializados en ese tema'.

De modo, concluye Mendoza Diago en entrevista con este medio de comunicación, 'no es que esté en desacuerdo, pero hay que exigir en primer lugar que haya conocimientos especializados profesionales dentro de las juntas de acción comunal no solo para la preparación de la propuesta, diseño y demás, sino también para la ejecución, y lo otro es que eso no signifique exclusión para profesionales que de por sí tenemos una competencia feroz, y si fuera de eso nos quitan esas posibilidades, pues nuestra situación se verá cercenada'.

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