La actual gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, tiene orden de arresto. Fue emitida por la Jurisdicción Especial de Paz, que la acusa de incumplimiento por no asistir a una audiencia a la cual fue citada.
{"titulo":"JEP cita a declarar al general retirado Mauricio Santoyo","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/jep-cita-declarar-al-general-retirado-mauricio-santoyo-exjefe-de-seguridad-de-alvaro-uribe"}
Todo tiene que ver con la audiencia programada por la JEP de seguimiento a medidas cautelares restaurativas adoptadas en el Magdalena Medio caldense, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Risaralda y Quindío, programada para los días 28 y 29 de noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia.
A la cita, a la cual fue llamada Roldán, delegó a William Hernández, subsecretario de gestión en convivencia y seguridad del departamento, pero este tampoco pudo ir, lo que para la JEP fue tomado como incumplimiento grave, pues se iba a tratar las medidas adoptadas para proteger 36 cementerios, donde podría haber personas desaparecidas en el marco del conflicto.
'En relación con la responsabilidad de la gobernadora del Valle, la Sección de Ausencia de Reconocimiento encuentra lo siguiente: con la necesaria antelación, la funcionaria pública fue convocada a asistir a una audiencia judicial restaurativa, sobre un tema de mayor importancia para su departamento, como lo es la búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado. A pesar de ello, la mandataria decidió inasistir y apelar a la figura administrativa de la delegación, en cabeza de un funcionario de muy bajo nivel, lo que de entrada, si bien puede ser legal, denota su ausencia total de compromiso con la garantía de los derechos de las víctimas de estos crímenes internacionales', detalla la JEP sobre el tema.
{"titulo":"JEP abrirá proceso contra siete ex miembros de las Farc por incumplimiento","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/jep-abrira-proceso-en-contra-de-varios-integrantes-de-las-farc-por-no-decir-la-verdad-sobre"}
Todo esto terminó en la orden de arresto de la gobernadora por dos días, mientras que el arresto de Hernández será de cinco días.
'La gobernadora incumplió sus deberes legales de supervisión y control sobre el delegatario, actuando con culpa grave. En efecto, la funcionaria pública: (i) se desentendió por completo del desarrollo de una audiencia pública de la mayor importancia, lo cual perfectamente podría realizar por medios electrónicos; (ii) en el trámite de los descargos, no dio explicación alguna en relación con las acciones y omisiones de su delegatario; (iii) tampoco aportó prueba que justificara su falta de control administrativo (vgr. incomunicación del supuesto sitio donde se encontraba); (iv) no presentó excusa alguna a las víctimas y a la magistratura por lo sucedido, lo que denota, una vez más, su total desinterés por la búsqueda de los desaparecidos; y (v) tampoco se cuenta con prueba alguna referente al inicio de una investigación disciplinaria contra su delegatario', agregó la JEP.
