El Juez Segundo Especializado de Barranquilla recientemente delegó a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de determinar en qué ciudad será acusado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente.
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Esto tras una solicitud de la defensa de Petro, que buscaba trasladar el proceso a Bogotá, argumentando que la mayoría de los delitos imputados contra él ocurrieron en la capital de Colombia.
A pesar de esto, la Fiscalía sostiene que la mayor parte de los bienes adquiridos con el dinero presuntamente recibido por el acusado se encuentran en Barranquilla.
El caso llegó a la Sala de Casación Penal del alto tribunal al día siguiente, el 22 de noviembre, por medio de la Secretaría de la Sala y fue asignado, mediante reparto, al despacho de la magistrada Myriam Ávila Roldán.
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Esta magistrada debe determinar próximamente si la competencia territorial del proceso recae en Barranquilla o se traslada a Bogotá.
Sobre Ávila Roldán se sabe que recientemente avaló la extradición a Estados Unidos de Sebastián Meneses Toro, hijo de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', a través de un fallo de 31 páginas emitido el 27 de noviembre.
Además, previamente ha sido responsable de emitir conceptos favorables para la extradición de otras personas a Estados Unidos, como Omar Ambuila y Álvaro Córdoba.
La magistrada también ha dictado sentencias notables, incluyendo una que sugiere que no es necesario encarcelar a un delincuente para su resocialización, a favor de una mujer de 70 años con demencia senil en septiembre de 2022.
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Myriam Ávila Roldán es abogada, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Previamente a su cargo en la Sala, se desempeñó como conjuez de Sala de Casación Penal y consultora independiente.
La decisión que adopte la magistrada marcará la continuidad del proceso contra Nicolás Petro, quien enfrenta cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que rechazó en una audiencia de imputación de cargos hace meses.
El fiscal Mario Burgos y la procuradora Margarita Rosa Salas han expresado su desacuerdo con la alegación de la defensa, argumentando que los bienes cuestionados se encuentran en Barranquilla y que los principales hechos tuvieron lugar en la capital del Atlántico.
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