Margarita Cabello reitera ante la Corte Constitucional que la Ley de Paz Total es inconstitucional

La Ley de Paz Total no se ajusta a la Constitución. Así lo advirtió este martes una vez más la procuradora, Margarita Cabello, en esta ocasión ante la Corte Constitucional.

Al intervenir en la audiencia pública convocada para analizar las demandas contra la norma, la jefa del Ministerio Público explicó que 'la ley no tiene en cuenta que la articulación institucional es diferente tratándose de negociaciones con grupos armados al margen de la ley, en comparación con los acercamientos con organizaciones criminales de alto impacto'.

Sostuvo en este punto que la legislación debe ser precisa, sin vacíos significativos que den lugar a interpretaciones contrarias, para que no se entienda que esos vacíos puedan ser llenados mediante reglamentación del Ejecutivo.

Así mismo, expuso, 'por falta de claridad, las disposiciones de la Ley de Paz Total permiten interpretaciones en las que el Gobierno puede disponer la libertad de personas, ignorando órdenes de captura vigentes, medidas de aseguramiento o condenas en ejecución'.

Añadió que en la norma en cuestión no se establecen condiciones específicas para el reconocimiento de la calidad de vocero de paz, pues no se indica el vínculo que debe existir entre un individuo y una organización de crimen de alto impacto, para que pueda ser reconocido como vocero de paz y, por esa vía, recuperar su libertad. Y señaló que llama la atención el hecho de que la ley incluya como voceros a los ‘integrantes de organizaciones sociales y humanitarias’, sin que exista una definición legal sobre el contenido de dicha categoría.

'Aunque algunas disposiciones de la Ley de Paz Total hablan de la protección de los derechos de las víctimas en abstracto, lo cierto es que al regular en concreto la concesión de beneficios en favor de los voceros paz, no establece que las víctimas puedan participar en los procedimientos respectivos. En ese sentido, los afectados por crímenes graves no tienen la oportunidad de ser escuchados para que el Gobierno y los jueces valoren la proporcionalidad de las medidas en términos de no repetición', precisó Cabello.

Por ello, dijo, se está entonces ante una omisión injustificada del legislador que contraviene los mandatos constitucionales que imponen la transversalidad de la reparación de las víctimas en esta clase de acercamientos.

'Las normas de la Ley de Paz Total parecen permitir que los disidentes del Acuerdo de Paz que en su momento tuvieron tratos especiales al someterse a la JEP reciban nuevos beneficios, lo que está en contravía de nuestra Constitución, pues los desertores de los procesos pasados podrían beneficiarse de libertades y demás prerrogativas otorgadas ahora a los voceros', indicó la funcionaria.

En este aparte cuestionó que se habría podido prevenir la ambigüedad que se advierte en la Ley de Paz Total, si el Congreso hubiese contado con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, que habría aportado ilustración relevante sobre las materias técnicas que hacen parte de los esquemas de sometimiento previstos en la norma analizada. Y agregó que la existencia de confusiones en el uso de las herramientas jurídicas, la imprecisión en la utilización de los términos y la indeterminación de ciertas normas, muestran la falta de acompañamiento técnico que tuvo el Congreso de la República al expedir la normativa objeto de control, precisó.

'La Procuraduría no se opone a los esfuerzos de paz que adelanta el Gobierno, por el contrario, las objeciones presentadas se orientan a llamar la atención sobre la necesidad de que en ese proceso se respete el orden constitucional', concluyó la procuradora.