Alrededor de $291.497 millones destinados para la construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, se habrían perdido tras la suspensión de las obras de construcción de dicha cárcel, según alertó la Contraloría General de la República a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la mañana de este viernes 30 de junio.
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De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el ente de control, la suma en cuestión correspondería a la celebración de dos contratos: uno de obra por un valor de $ 275.401 millones, y otro de interventoría firmado por $ 16.096 millones.
En lo que respecta al primer contrato, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia explicó que 'se suscribió sin contar previamente con los estudios y diseños necesarios de factibilidad de la acometida y expansión de la red externa eléctrica para el proyecto'. Y añadió que, asimismo, tampoco 'hubo un estudio previo que permitiera la estructuración de las comunicaciones, su funcionalidad y operación'.
La obra en cuestión, de acuerdo con lo que reporta la Contraloría, lleva hasta el momento más de 5 meses suspendida.
Inicialmente, según aclara la entidad, se había pactado la suspensión temporal del contrato de obra (por el término de 45 días) a causa de la ola invernal y algunas situaciones de seguridad que se estaban presentando. No obstante, esta se extendió más de lo previsto y, finalmente, el pasado 20 de diciembre de 2022, se suspendió la construcción sin que a la fecha se haya logrado el reinicio de la misma.
La prolongación de esta suspensión, explicó la Contraloría, 'genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento'.
Por lo cual, existe 'una alta posibilidad de que la USPEC se vea inmersa en situaciones de carácter judicial, por cuenta de las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, ante la extensa suspensión del contrato y los daños derivados', precisó el organismo de control.
Entre los principales riesgos que la CGR detectó en este caso están: las debilidades en la etapa de planeación, el posible incumplimiento de los plazos establecidos, la no implementación de los nuevos 1.974 cupos para la población privada de la libertad, entre varios otros relacionados a la utilización de los recursos económicos y el incumplimiento de varios acuerdos.
Frente a estas situaciones y riesgos, el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Andrés Castro Franco, alertó al director y al Jefe de Control Interno de la USPEC, 'con el fin de que focalicen el ejercicio de sus funciones sobre aquellas, para que se garantice la salvaguarda de los recursos públicos, no se continue generando impacto negativo en la comunidad beneficiaria (...) y se evite el alto riesgo de que las obras objeto del contrato de obra No. 304 de 2019 no sean adelantadas y se incrementen los costos inicialmente previstos o se pierdan los recursos'
