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Con el objetivo de impactar los fenómenos de criminalidad y violencia presentes en las áreas urbanas, y en especial, en las zonas rurales del país, la Procuraduría General de la Nación solicitó adelantar actuaciones integrales, especialmente, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar.

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El Ministerio Público identificó que, a pesar de que las entidades cuentan con una priorización territorial que atiende factores como la implementación de instrumentos territoriales de la seguridad y convivencia, estadísticas de criminalidad, demandas institucionales y de la ciudadanía; coyunturas territoriales o lineamientos estratégicos institucionales, 'no fue posible reconocer criterios compartidos y acciones concretas que permitan articularse para luchar de manera unificada contra la criminalidad y la violencia'.

'El ente de control identificó que la falta de comunicación fluida entre los organismos de seguridad y la ciudadanía; la necesidad de consolidación, análisis y socialización de información en materia de orden público de municipios y departamentos afectados por violencias estructurales y emergentes provenientes de grupos armados organizados y bandas criminales, agrava el riesgo para la ciudadanía, permite consolidar estructuras criminales para la generación de violencia y desgasta las capacidades de actuación del estado', explicó el órgano de control.

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En este sentido, las situaciones identificadas por la Procuraduría fueron socializadas con los diferentes actores, en el marco de una mesa interinstitucional, espacio en el que se alertó sobre la necesidad de una hoja de ruta contingente para el presente año frente a la ejecución de los actuales Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).