Política antidrogas de Petro, una iniciativa con serios reparos

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, puso de nuevo sobre la mesa el debate de la política antinarcóticos del Gobierno con preocupantes declaraciones: los controles para frenar este flagelo en los puertos del país son ineficaces y, en algunos casos puntuales como Barranquilla, según el funcionario, son casi nulos.

Sin embargo, la discusión es mucho más profunda. El génesis de la problemática, radicada en especialmente en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde está focalizado el 62 % del área sembrada (204.000 hectáreas) con coca en el país, sigue siendo un ‘chorro’ de dinero ilegal, muertes y amenazas que la fuerza pública sigue sin controlar.

Debido a lo anterior, la comisaria de la Unión Europea de Interior, Ylva Johansso, viajó a Bogotá para revisar temas ligados con narcotráfico tras la situación que se está viviendo en el viejo continente por el constante ingreso de droga al puerto de Amberes, Bélgica, que se ha convertido en la puerta de entrada de la cocaína en Europa, desplazando al puerto de Róterdam.

Para colmo de males durante enero se pausó por completo el proceso de erradicación de cultivos de coca. El general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía, explicó que esto ocurrió por temas administrativos. Además, la institución reveló que su meta pasó de 50.000 hectáreas en 2022 a 20.000 en 2023.

En diciembre pasado, Gustavo Petro, presidente de Colombia, explicó que su objetivo es idear un programa para que el campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto que le genere dividendos para subsistir.

'Cuando decimos que no vamos a atacar a un campesino, que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína. Al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína', dijo, quien además insistió en hacer revolcón en la política de lucha antidrogas con Estados Unidos, la cual catalogó como un fracaso.

'Advertimos a la administración de Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos. Sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos', señaló el Gobierno de Estados Unidos.

Las críticas también salpican a Iván Velásquez, ministro de Defensa, a quien se le acusa de no dar instrucciones claras a las fuerzas armadas para controlar este drama tras el acuerdo del Gobierno del cese al fuego con varias organizaciones armadas.

'El Ministro, que debería apoyar y defender a las Fuerzas Militares y la Policía, las desprecia. El mismo que suspendió la erradicación forzada, el que hizo que se devolviera el glifosato que la Policía ya había comprado porque ahora tampoco se hace erradicación manual aunque estemos ahogándonos en coca. El mismo que ha frenado las operaciones de la Fuerza Pública en un 70 % en el último trimestre del 2022 y en cifras seguramente peores en lo que va de este año, todo en beneficio de los mafiosos. De hecho, si se comparan febrero del 22 y el de este año, no es solo que ahora no se haga ninguna erradicación sino que las incautaciones cayeron de 24 toneladas a apenas 7 y la destrucción de laboratorios se desplomó de 127 a 45, los datos más bajos en al menos 14 meses', señaló Rafael Loaiza, exviceministro de Justicia.

A ese sentir se sumó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien cuestionó los proyectos actuales.

'El Gobierno no erradica, no sustituye, no fumiga. ¿Estaba incluido en el acuerdo del cese al fuego bilateral renunciar a la política contra el narcotráfico?', manifestó la congresista.