La dignidad humana como único recurso de supervivencia. Trabajo sexual para tener un techo, comida y dinero que enviar a los que se quedaron en Venezuela. Aguantar todo tipo de explotaciones y violencia de parte de tratantes de personas.
Las realidades de las mujeres, los hombres y la población LGBTI+ migrante y refugiada que llegan a la capital del Atlántico en busca de escapar de la miseria, de tener algo mejor, pareciesen ser nada alentadoras. Hay quienes acuden al sexo, en sus diferentes maneras, ante la desesperación y terminan a la merced de redes delincuenciales que evidentemente pulverizan sus derechos.
No, ser trabajador sexual no es un delito. Pero, según expertos, la carencia de reglamentación en Colombia ha llevado a que quienes acceden a ejercer la práctica se conviertan víctimas de aprovechados.
De acuerdo con estudios nacionales del colectivo Caribe Afirmativo, Barranquilla es la segunda en el escalafón de capitales con mayor proliferación de lugares donde se desarrollan actividades webcam con la población ya mencionada. En algunos de estos sitios las condiciones, según ha expuesto la Fiscalía en casos recientes, son deplorables. Allí, teniendo en cuenta relatos de afectados que sustentaron indagaciones de policía judicial, los explotan de manera sexual y laboral, los someten a drogarse para incentivar el rendimiento y a un sinfín de vulneraciones más.
Esta situación quedó evidenciada ‘Sexo por supervivencia’, un informe realizado y expuesto en Nueva York (EE. UU.) el pasado 5 de diciembre por la organización internacional sin ánimo de lucro Aid For Aids, la cual instaló una sede en el país hace un par de años para trabajar en pro de las personas con VIH, enfocados en la población migrante venezolana refugiada.
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EL HERALDO tuvo acceso al texto y dialogó con Jaime Valencia, médico, vicepresidente de asuntos internacionales y director de esta ONG en Colombia.
Valencia explicó que se dieron cuenta de que 'muchos migrantes estaban ejerciendo el sexo por supervivencia como única forma de poder subsistir, por supuesto expuestos a muchos tipos de violencias. Esto los lleva a ser vulnerables, también a adquirir VIH o alguna infección de transmisión sexual. Incluso muchos de ellos ya tienen VIH o ITS y no cuentan con algún tipo de tratamiento'.
Sostuvo que el trabajo comenzó desde 2017 con la crisis humanitaria en Venezuela y que en 2019 se enquistó en Colombia debido a que es el país que más ha acogido a los migrantes. Sin embargo, resaltó que el país 'no tiene claras unas políticas de integración'.
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'Muchas de estas personas no tienen un estatus legal y por ello carecen de servicios de salud o de trabajo. Entonces esto hace que muchos de los migrantes sean doblemente vulnerados. Barranquilla es una de las ciudades con mayor cantidad de venezolanos, donde mujeres jóvenes e incluso niñas están ejerciendo sexo por supervivencia, también adolescentes y población LGBTI+, concentrados en plazas, parques y estudios web cam', detalló.
Fueron 600 personas, entre los 18 y los 25 años, divididas en seis ciudades, las que entraron en la caracterización que permitió las conclusiones. De estas, casi el 93% dijo que se quiere quedar en Colombia, a pesar de que no encuentran calidad de vida suficiente.
'Ellos aseguran que lo que consiguen en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, Maicao o Medellín es más de lo que podrían tener en Venezuela. Entonces pasan todas estas dificultades para tener con qué comer y con qué apoyar a sus familiares'.
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Bomba de tiempo
En la capital del Atlántico la población migrante y refugiada de Venezuela trabaja sexualmente 10 horas diarias; la gran mayoría no ejercía ningún tipo de trabajo sexual en su país; dentro de ellos hay universitarios; casi un 30 % ya eran profesionales y un gran número de mujeres solo eran amas de casa.
'En Barranquilla entran a un ‘caldo de cultivo’ propicio para la trata de personas y para las bandas de microtráfico. Vemos cómo incluso los hombres heterosexuales muy jóvenes están practicando sexo por supervivencia, sometidos al uso de sustancias psicoactivas, llevándolos a la drogadicción', aseveró el director de Aid For Aids Colombia.
Según el estudio de la ONG, casi el 55 % de los encuestados usa drogas para los trabajos sexuales por 'no estar acostumbrados a realizar este tipo de prácticas'. Incluso, trascendió igualmente que muchos de ellos cuando fueron caracterizados estaban bajo el efecto de dichas drogas.
'Algo que también preocupa en esta ciudad es que el 20% de los migrantes manifestaron que incluso las autoridades (Policía) los han expuesto a la parte sexual; es decir, los hacen tener actividades sexuales con ellos para que los dejen trabajar. Las mujeres trans son quienes más se quejan de esto'.
En la misma línea, Valencia mencionó que una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable, luz, vivienda y otros servicios básicos, esto en las seis ciudades, pero principalmente en Maicao.
Detalló el vicepresidente de la ONG que en la capital del Atlántico el 4.4 % de los encuestados dijo tener VIH, y que el 94 % de estos no tiene acceso siquiera a 'condones'.
'Un 55 % de estas personas hacen sexo presencial, lo que representa una bomba de tiempo porque hay posibilidad de transmisión, pero también de adquirir enfermedades'.
Finalmente, el representante de Aid For Aids Colombia informó que con esta investigación, la cual también fue expuesta en el país el anterior 9 de diciembre, buscan evidenciar la problemática para conseguir políticas claras, pues 'sabemos que esta población, por ahora, no se va a regresar'.
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Capturas locales
A finales de noviembre de 2022, una pareja fue capturada en Barranquilla por el delito de trata de personas. Las autoridades informaron que ejecutaron un operativo en el barrio Boston en el que participaron la Policía, el Ejército, el Gaula, Migración y CTI, quienes se desplazaron hasta un inmueble donde funcionaba un estudio webcam llamado Carol Studio.
En dicho lugar hallaron 17 hombres con edades entre los 19 y 25 años, muchos de nacionalidad venezolana, que fueron contactados a través de ofertas de trabajo en redes sociales y que, de acuerdo con las indagaciones, estaban siendo explotados sexual y laboralmente.
Los detenidos, identificados con los alias de Antony y Johana, fueron puestos a disposición de la Fiscalía; sin embargo, todo parece indicar que, por razones que no han sido reveladas por el ente acusador, quedaron en libertad.
Wilson Castañeda Castro, director del colectivo LGBTI+ Caribe Afirmativo, habló respecto a ello en conversación con esta casa editorial.
'Lo que pasó en Boston se basó en la identificación de una banda delincuencial que estaba dedicada a la trata de personas, cuyas víctimas eran particularmente hombres gay procedentes de Venezuela en condición de migrantes y refugiados. Estas capturas son el resultado de un proceso que incluso nosotros veníamos denunciando desde años atrás, debido a que en países receptores de migrantes está creciendo este delito, aunado a la explotación sexual', sostuvo.
Para Castañeda Castro, lo anterior aumenta por la carencia de una 'política migratoria que garantice los derecho a esta población', así como por la urgencia que los migrantes tienen para conseguir recursos que les permitan tener acceso a asuntos básicos.
'En Colombia el trabajo sexual está protegido por la constitución, es decir que cualquier persona mayor de edad que quiera dedicarse libremente a ello puede hacerlo y el Estado lo debe proteger', detalló.
Sin embargo, anotó: 'Esta protección constitucional no ha sido reglamentada, pues prácticamente es solo un enunciado y los delincuentes aparecen para aprovecharse y hacer del trabajo sexual una práctica delictiva. Barranquilla es la tercera ciudad después de Medellín en los estudios que hemos hecho donde más se han proliferado los centros webcam, donde las condiciones de vida son muy deplorables'.
Aclaró que cuando una persona llega a estos lugares pasa de lo voluntario al delito y es cuando se registran conductas como la del suministro de sustancias psicoactivas por razones ya mencionadas.
Asimismo, Castañeda Castro, a manera de conclusión, destacó que para combatir el fenómeno que abate a la población migrante, hombres, mujeres y comunidad LGBTI+, se deben garantizar enfoques diferenciales para las víctimas, sensibilizar a quien atiende el delito para que el proceso no sea revictimizante y crear una gran campaña de sensibilización.





















